caso islas airways

La acusación popular eleva a unos 7,5 millones de euros lo que Islas Airways pudo cobrar de más

En un escrito de hace dos años, Binter solicitó para Miguel Concepción penas de prisión inferiores a las de la Fiscalía, pero calcula en más del doble lo supuestamente defraudado
El propietario de la ya disuelta aerolínea Islas Airways y presidente del CD Tenerife, Miguel Concepción. ANDRÉS GUTIÉRREZ

La acusación popular impulsada por Binter Canarias en el procedimiento judicial por el llamado caso Islas Airways estimó en su día que lo cobrado de más al Ministerio de Fomento por la aerolínea del empresario palmero Miguel Concepción era, en total, una cantidad levemente superior a los 7,5 millones de euros.

Tal cifra dobla con holgura el cálculo recogido en el escrito de conclusiones provisionales presentado por la Fiscalía publicado ayer por este periódico. Así, el Ministerio Público calcula que lo abonado indebidamente por Islas Airways a cuenta de un presunto fraude en las subvenciones a los vuelos interinsulares de los residentes en Canarias es ligeramente inferior a 3,5 millones de euros.
Por su parte, la representación legal de Binter Canarias (ejercida por el abogado tinerfeño Juan López Montero) solicita penas de prisión inferiores a las pedidas por la fiscal del caso, tanto en el caso del presidente del CD Tenerife como en el de sus dos hijas, también acusadas al ser asimismo miembros del Consejo de Administración de Islas Airways entre 2008 y 2011, período en que tuvieron lugar los hechos ahora investigados por la Justicia.

La personación de Binter Canarias en este proceso se remonta a sus orígenes, ya que esta empresa denunció ante la Dirección General de Aviación Civil (que depende de Fomento) sus sospechas sobre un fraude en estas ayudas. Ello motivó que el Ministerio ordenase una investigación general que, en el caso de Binter, descartó que incurriera en irregularidad alguna al respecto. Por el contrario, tanto Air Europa (ya condenada en la Audiencia Nacional) como Islas Airways fueron denunciadas por Fomento. Antes de retornar a esta comparativa entre las conclusiones de la Fiscalía y de la acusación popular que ejerce Binter, hay que tener en cuenta que, mientras el escrito del Ministerio Público es actual, el de la acusación privada se remonta a 2015. Desde entonces se han practicado algunas periciales complementarias, si bien no se espera que, en lo esencial, las conclusiones de la representación legal de Binter varíen en demasía.

Calificaciones

Para ambas acusaciones, el relato de los hechos es prácticamente idéntico, y las dos ofrecen dos calificaciones penales alternativas. En una de ellas coinciden al entender lo sucedido como una estafa agravada, pero la Fiscalía solicita cuatro años de prisión para cada uno de los encausados, mientras que la acusación popular rebaja tal solicitud de penas a tres años y un mes de prisión. En cuanto a la alternativa, desde lo público se estima un delito de fraude en subvenciones que la acción popular conjuga con el de falsedad en documento público a modo de concurso ideal. Es decir, un delito se comete para cometer el otro, y se condena con la pena más grave de las dos barajadas. Como en el caso de la estafa, de nuevo pide más la fiscal, tres años de prisión, por dos años y seis meses de cárcel la acusación popular.

Las cifras

Como se ha dicho, cambian las tornas en los cálculos económicos. Para la fiscal, Islas Airways presuntamente cobró de forma indebida algo menos de 3,5 millones de euros, pero la acusación privada lo eleva por encima de los 7,5 millones de euros.

Tal diferencia tiene consecuencias a la hora de solicitar las correspondientes multas e indemnizaciones. Para el Ministerio Público, Concepción y sus familiares se enfrentan a una reclamación total de aproximadamente 15 millones de euros, una cantidad que desde Binter se estima cercana a los 18 millones. En todo caso, ese dinero corresponde a la devolución de lo supuestamente cobrado de más y a la sanción que se pueda imponer por ello.

El proceso

En cuanto a la situación procesal actual del caso Islas Airways, las conclusiones provisionales elevadas por la Fiscalía suponen el pistoletazo de salida que anuncia la inminente apertura del juicio oral. Ahora tendrán que hacer lo propio tanto la acusación ejercida por Binter como la Abogacía del Estado, para luego manifestarse las defensas de los encartados.

Si todo va como debiera, es probable que, antes del verano de 2018, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife haya celebrado este juicio.

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