El Juzgado Número 1 de Güímar comenzó a citar hace dos semanas a los concejales actuales Urbanismo y sus antecesores en los ayuntamientos de Güímar, Arafo y Candelaria, en calidad de investigados, para que conocieran el procedimiento abierto contra ellos por la clausura del emisario submarino del Polígono Industrial Valle de Güímar, invitándoles a nombrar abogado y procurador ante una causa que el juez consideró “compleja” y que alcanza nada menos que nueve tomos.
La citación del juez instructor que ha abierto las diligencias previas está motivada por la denuncia que ha hecho suya la Fiscalía Provincial, tras ser presentada a finales de mayo, por los partidos Sí se puede e Izquierda Unida en los ayuntamientos de Candelaria, Güímar y Arafo-aunque solo aparece Francis Hernández, de IU Arafo como denunciante- por la presunta comisión de un delito contra los recursos naturales y el medioambiente al considerar que, durante unos 30 años, las aguas residuales han llegado al mar sin depurar y ahora, además, sin autorización. En el escrito también denuncian al Cabildo, a través del Ciatf; a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno canario, a la Asociación Mixta de Compensación y a la asociación de empresarios del Polígono, cuyos representantes irán pasando por el juzgado güimarero, al igual que lo han hecho ya Fernando Alduán, Francisco del Rosario y José Domingo Marrero, actuales ediles de Urbanismo de los tres ayuntamientos. Otros, como Domingo Ramos, exedil de Urbanismo en Candelaria, está citado para el próximo día 15, aunque él mismo reconoce que “ese tema se llevaba desde la concejalía de Medio Ambiente”, añadiendo además, como reconocen alcaldes y concejales de los tres ayuntamientos, que hasta la recepción del Polígono por parte municipal “la responsabilidad era de la Asociación Mixta de Compensación”. Además, cuando se recepcionó el Polígono en julio de 2013, en ningún escrito figura que el emisario submarino aparecía desautorizado, cuando en realidad ya lo era desde 2011, según los firmantes de la recepción, sin que la administración que tenía que velar por su cumplimiento (la Apmun, por ejemplo), hiciera, al parecer, el trabajo de vigilancia y control.
Por todo ello, el juez del 1 de Güímar considera la causa que instruye “compleja” y más cuando en la actualidad, todos los afectados, desde la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias a los ayuntamientos, pasando por el Consejo Insular de Aguas, están trabajando en la solución, tras la moratoria de nueve meses dada por el juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Santa Cruz de Tenerife,que suspendió cautelarmente la aplicación del decreto emitido por la alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, ordenando el cierre del emisario submarino del Polígono.
Una moratoria que concluye a mediados de marzo y que debe contar con la autorización expresa de la Viceconsejería y de Costas para que pueda funcionar la cabecera del emisario ahora en obras, a la espera de la construcción de una Estación de Tratamiento de Aguas Industriales (Etari), que el Cabildo presupuestó en 1,5 millones de euros.
Caminando también la denuncia por el censo de empresas
El edil de IU en Arafo, Francis Hernández, también denunció al Ayuntamiento de Arafo por irregularidades en las licencias de las empresas del Polígono en suelo arafero, al constatar, según él, que el 73,12% (136 empresas) están en situación irregular porque carecen de alguna de las licencias legalmente exigibles para estar abiertas, requisitos que solo cumplen el 26,88% (50). Los datos se obtienen del censo de vertido” elaborado por el Ayuntamiento en cumplimiento del auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Santa Cruz. Según Hernández en breve comenzará a declarar el alcalde Lemes y varios ediles.
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