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La Federación Regional de lucha canaria salda la deuda con la aseguradora Allianz

La Canaria cierra el saldo pendiente con la mutualidad deportiva de los bregadores de la temporada pasada y abonará la actual en breve
Juan Ramón Marcelino presidente de la Federación Canaria de Lucha Canaria
Juan Ramón Marcelino presidente de la Federación Canaria de Lucha Canaria
Juan Ramón Marcelino, presidente de la Federación Canaria de Lucha Canaria. | Andrés Gutiérrez

La Federación Regional de Lucha Canaria comienza a respirar con mayor tranquilidad. La institución recibió 130.000 euros del Gobierno de Canarias para hacer frente la deuda que tenía pendiente con la empresa aseguradora Allianz, encargada de la mutualidad de los deportistas la pasada temporada 2016-2017.

El retraso en la liquidación, que tenía previsto resolverse en el verano, motivó que durante varias semanas la aseguradora bloqueara la atención deportiva a los luchadores que necesitaron de sus servicios, teniendo que abonar la propia Federación con fondos propios esas incidencias.

Por otro lado, la Federación Regional de Lucha tiene previsto ingresar a principios de diciembre a la empresa Generali Seguros el primer pago semestral del importe de la mutualidad de la temporada en curso 2017-2018, además de liquidar la mitad de la deuda de unos 24.625 euros que también dejó la anterior Junta de Gobierno con dicha aseguradora correspondiente al curso 2015-2016, al cerrar la póliza por un número de licencias, y no llegar a la cifra estipulada entre las partes. El segundo pago del seguro deportivo de los luchadores de la presente temporada se abonará en mayo, por un importe de 111.000 euros. Posiblemente, tras liquidar las dos cuotas a Generali, la Federación Canaria puede recuperar 7.000 euros al aplicar la cláusula de extorno.

Por último, está visto para sentencia el juicio celebrado en Madrid por la denuncia del Consorcio de Seguros contra la Federación de Lucha por una deuda pendiente con la desaparecida Mutualidad General Deportiva y que podría rondar unos 95.000 euros (principal, costas e intereses). La Regional cree que no deberá abonarla pues ya ha vencido y, aunque el anterior gestor la reconoció, la parte demandante no puedo argumentarlo.

Además, la auditoría e inspección de la gestión del ente en los últimos ocho años comenzará en el mes de diciembre.

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