Tribunales

Miguel Concepción se enfrenta a cuatro años de cárcel

La aerolínea de Miguel Concepción dejó de volar un año después de iniciarse el procedimiento por el que ahora se le acusa. Lanzarote Spotter
La aerolínea de Miguel Concepción dejó de volar un año después de iniciarse el procedimiento por el que ahora se le acusa. Lanzarote Spotter

La Fiscalía provincial ha solicitado una pena de 4 años de prisión y un total cercano a los 15 millones de euros (concretamente, 14.818.921 millones) entre indemnizaciones y multas para el empresario tinerfeño Miguel Concepción, sus dos hijas y la ya desaparecida aerolínea Islas Airways, por la presunta comisión de un delito de estafa agravada en las subvenciones a los vuelos de los residentes canarios entre las islas.

Dicha solicitud de condena se recoge en el escrito de conclusiones provisionales presentado por el Ministerio Público como paso previo a la apertura del juicio oral o, lo que es lo mismo, el final de la instrucción del llamado caso Islas Airways por parte del Juzgado de Instrucción Número 3 de Santa de Cruz de Tenerife. Ahora será la Audiencia Provincial la que juzgue este proceso, presumiblemente en un plazo no superior a los seis meses.

Las conclusiones de la Fiscalía apuestan prioritariamente porque los hechos constituyen el citado delito de estafa agravada, si bien ofrece como alternativa al tribunal que, si por el contrario se aprecia un delito de fraude en subvenciones, las penas aplicables serían tres años de prisión para Concepción y sus dos parientes, así como un total de 11.440.000 millones de euros entre multas e indemnizaciones.

Los especialistas consultados ayer por DIARIO DE AVISOS consideran acertada la apuesta de la Fiscalía, al entender como prioritaria la acusación por un delito de estafa agravada, a pesar de que en un caso prácticamente idéntico contra otra aerolínea, Air Europa, finalmente se juzgó por fraude en las subvenciones. Las diferencias entre uno y otro proceso son notables, por mucho que los hechos sean muy similares.

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En ambos casos, la causa se instruye tras detectar el Ministerio de Fomento que las dos compañías cobraban de más (presuntamente en el caso de Islas Airways), dado que, a la hora de informar al Ministerio de los vuelos, no computaban la cifra real abonada por los viajeros. Por ejemplo, la mitad del billete corría a cargo del viajero y la otra mitad la pagaba el Ministerio. Sin embargo, el pasajero no siempre abonaba el 100% que le correspondía por distintos motivos (descuentos por fidelización, billetes de cortesía, etc.), pero las aerolíneas computaban tales billetes como si hubieran costado lo fijado inicialmente.

Pero aquí acaban las coincidencias entre ambos casos. El proceso contra Air Europa derivó hacia su matriz, Globalia, y finalmente recayó en otra empresa del grupo mucho menos relevante.

Se tramitó en la Audiencia Nacional, dado que la causa afectaba a vuelos en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, y durante el mismo se excluyó de toda responsabilidad penal al propietario de la aerolínea, el conocido empresario salmantino Juan José Hidalgo, recayendo toda la pena impuesta a la empresa de su grupo ya aludida, que respondió como persona jurídica. Aunque tal exclusión de Hidalgo despertó gran polémica, el hecho de que su grupo empresarial contase con un eficaz plan de compliance (método de control para la mejora de la seguridad jurídica de la empresa) y que el tribunal no determinase con exactitud quién diseñó el fraude y lo ejecutó evitaron una condena para Hidalgo que parecía segura. Eso sí, la indemnización al Ministerio de Fomento fue de 29,7 millones de euros y, hace 10 días, el fiscal de la causa propuso añadir una multa de otros 9,5 millones de euros.

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Por el contrario, el proceso contra Concepción que hoy nos ocupa se juzgará, como se ha dicho, en la Audiencia Provincial, y la Fiscalía se decanta por el delito de estafa agravada, en unos hechos acaecidos entre finales de 2008 y 2011. Además de los 4 años de prisión, se pide a Concepción y sus parientes una multa de 11 meses a razón de 50 euros diarios, pero a la empresa (de la que responde el empresario con su patrimonio personal), una multa de 11.400.000 euros. A ello hay que sumar la responsabilidad civil, que se divide en dos apartados. Por un lado, a los tres implicados y, subsidiariamente, la empresa, se les solicita una indemnización de 591.039 euros por los hechos ocurridos entre 2008 y 2010. Por otro, solidariamente, una indemnización más por un total de 2.827.882,98 euros a cuenta de lo sucedido en 2011. No consta, además, que Islas Airways contase con un sistema de compliance, que ahora, sin duda, ayudaría a la defensa de los tres implicados.

Resta añadir que el escrito de la Fiscalía propone que presten declaración seis testigos, así como la realización de pruebas periciales por parte de hasta siete peritos, todos ellos expertos en la materia o directivos de la Dirección General de Aviación civil del Ministerio de Fomento.