La Justicia ordena proceder sin demora al derribo de ‘Cartaya 41’

“Tenga seguridad jurídica de que lo que está haciendo el Ayuntamiento es conforme a derecho, aunque duela a la parte ejecutada. Pero ésta es consciente de que su obra es ilegal y que está beneficiándose de una ilegalidad”. Así de contundente le respondió el juez que lleva el caso ‘Cartaya 41’ al alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, tras la orden dada al Ayuntamiento de demoler la tercera planta de una vivienda ubicada en esa calle, como consecuencia de un conflicto vecinal con cruce de denuncias por ilegalidades en construcciones sobre sus propiedades colindantes.

Una decisión que es “difícil, desagradable y que genera tristeza”, confesó el mandatario. “Pero soy alcalde ambas partes y la única opción que tengo es defender la legalidad”, manifestó.

Domínguez quiso “dar la cara” y explicar públicamente el conflicto detrás del cual “hay una intención política vinculada a un exconcejal del PSOE”, sostuvo. En ese marco, consideró “injustos y desmerecidos” los insultos y amenazas públicas contra su persona en pancartas y redes sociales. Sobre todo, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento está obligado a cumplir la resolución judicial así como las correspondientes diligencias donde se advierte de la imposición de multas coercitivas a la corporación y a su persona en caso de incumplimiento.

No obstante, para intentar evitar la demolición Domínguez solicitó una reunión privada con el juez “en contra de los técnicos municipales” y éste le propuso como alternativa asistir a una vista con todas las partes implicadas en la que se personó como máximo responsable del Ayuntamiento. Fue en esa ocasión cuando le preguntó a su señoría si “existía alguna posibilidad por parte de la administración de que la ejecución de sentencia no se llevara a cabo” y éste le respondió que no. Tampoco se puede esperar a la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación y que éste contemple la posibilidad de esa tercera planta, siempre que no excediera de una altura métrica estipulada.

El mandatario hizo una cronología de los hechos para explicar el conflicto, que se inició en 2011 entre vecinos de propiedades colindantes, quienes presentaron en este tiempo diferentes recursos, con una sentencia firme que el Ayuntamiento debe acatar, y que culminará en estos días con la demolición de parte del inmueble, aunque prefirió no dar la fecha exacta para evitar mayores problemas.