Amistades peligrosas para explicar un supuesto trato de favor a empresarios desde una administración pública. Ese es uno de los argumentos por los que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial ordenó el pasado mes a un juzgado lagunero que continúe las diligencias que tramita sobre la vertiente política del llamado caso Grúas.
Tal decisión del alto tribunal provincial afecta de lleno tanto al hoy presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, como a su sucesor en la Alcaldía de La Laguna, José Alberto Díaz, si bien esas amistades peligrosas tienen como presuntos protagonistas a Clavijo y a varios de los empresarios que obtuvieron la concesión del servicio de grúas municipal.
La alusión de la Audiencia a la existencia de indicios sobre tales amistades obliga a recordar que uno de los denunciantes del caso incluyó en su declaración judicial una amplia referencia al respecto, que ahora adquiere mayor relevancia. Se trata de José Padilla, anterior propietario de la empresa concesionaria, quien sostuvo en el juzgado que fue “presionado” al traspaso de la misma a los siete supuestos amigos de Clavijo.
Lo que dijo el auto
En el documento fechado el pasado 18 de octubre, la Audiencia fundamentaba su auto por varios hechos, entre los cuales estaban el anticipo de 120.000 euros concedido a los concesionarios y la prórroga del contrato que los ligaba con el Ayuntamiento, tal y como denunció DIARIO DE AVISOS desde enero pasado. Pero también se alude a esas amistades peligrosas con los términos siguientes: “Algunos de sus socios adquirentes de las participaciones sociales pudieran tener vinculaciones personales con el alcalde Fernando Clavijo, que tampoco han sido investigadas por el Juzgado de Instrucción. Así se advierte que dicha entidad mercantil durante un tiempo indicó, en escritos dirigidos a órganos judiciales el 30 de abril de 2012, que tenía su sede a efectos de notificaciones en el número 13 de la Avenida Lucas Vega, Edificio Parra de La Laguna, donde también se ubicaba el domicilio social de la entidad Administración Ecológica SL, sociedad de la que Fernando Clavijo fue administrador hasta marzo de 2009”.
Lo que dijo Padilla
La importancia dada por los magistrados de la Audiencia a las presuntas “vinculaciones personales” entre Clavijo y los empresarios a los que se otorgó la concesión del servicio lagunero de grúas hace que lo manifestado bajo juramento por José Padilla el 4 de septiembre de 2013 adquiera mayor relevancia.
En su día, el anterior concesionario respondió lo siguiente al ser preguntado por las personas que, según decía Padilla, le habían “presionado” para que vendiera la empresa Autogrúas Poli:
“Informé al concejal de Hacienda del Ayuntamiento de La Laguna, Juan Antonio Alonso Barreto, varios meses antes del mes de abril de 2011 [mes en que finalmente traspasó la empresa], que me pagase lo que el Consistorio me adeudaba, contestando el citado concejal que había alguien que quería comprarme la empresa y que se la vendiera, siendo uno de ellos Esteban Jesús Hernández González, sabiendo que esta persona era muy amigo del citado concejal; que otro de los compradores, Santiago Ramón Casanova Pérez, era muy amigo del alcalde [entonces era Fernando Clavijo], sabiendo que iban a competir en kárate a la Península, que además, según creía, el alcalde fue padrino de boda de la segunda mujer de Casanova, haciéndole también el mantenimiento al alcalde de los edificios de los que era administrador de finca, teniendo la oficina en la calle La Parra, número 13 de La Laguna, donde también trabajaba M. que es la mujer de Pablo Bartolomé Ginovés Sierra, otro de los compradores, queriendo hacer constar que el resto de las personas que le adquirieron la empresa tenían vinculación directa o indirecta con Fernando Clavijo, hablando estas personas delante de mí por teléfono con el citado alcalde, llegando esta persona a obligarle a que metiese a varios de ellos a trabajar en la empresa, añadiendo además que, en una ocasión que contrató a una persona para su empresa, el alcalde Clavijo me llamó por teléfono para reprocharme que hubiese contratado a una persona sin su consentimiento”. Tras dicho relato, el instructor le pregunta a Padilla si alguien puede ratificar sus palabras, a lo que contesta que “la relación que tiene Clavijo con estas personas era conocida por mucha gente”.
Resta recordar que tanto esta vertiente política del caso Grúas como la que investiga el presunto saqueo de piezas en los coches retirados siguen su curso en los juzgados laguneros.
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