Caso grúas - La laguna

Las acusaciones populares instan a la jueza a que decida si, como ella planteó, se inhibe o no

La acción ejercida por XTF-NC advierte de que las diligencias que se practiquen pueden ser nulas o tener que repetirse, mientras que la de Unid@s se puede recuerda que podría incurrirse en un caso de falta de competencia objetiva

Tres de los empresarios afines a Clavijo entran a los juzgados laguneros, en una imagen captada el pasado martes. FOTO: Andrés Gutiérrez

Las acusaciones populares personadas en el llamado caso Grúas instan a la jueza a que decida sobre su inhibición, una cuestión que ella misma planteó en la providencia dictada el pasado 31 de octubre. Es más, en dicha decisión judicial la propia magistrada determina que “a fin de cumplimentar lo ordenado por la Audiencia Provincial en el auto de 17/10/17, respecto a oír a las autoridades que dictaron los Decretos, y siendo uno de ellos el Presidente de la CCAA de Canarias, dese traslado al Ministerio Fiscal y partes personadas al amparo del art. 759.2 de la Lecr, por ser aforado, y en relación a los siguientes artículos: 73,3a) de la LOPJ y 9,3 y 18,2 del Estatuto de Autonomía de Canarias, para que en el plazo de cinco días informen sobre la posible competencia de la Sala de lo Penal de T.S.J.C. [Tribunal Superior de Justicia de Canarias]”.

A este respecto, cabe recordar que, dentro del referido plazo de cinco días, tanto la Fiscalía como las acusaciones populares que ejercen los letrados Sandra Rodríguez y Jesús González Fortes en nombre de Por Tenerife-Nueva Canarias y Unid@s se puede, respectivamente, presentaron sus alegaciones. Ya entonces, mientras el fiscal Jonay Socas argumentó que se deberían llevar a cabo más diligencias antes de decidir si finalmente se elevaba el caso al alto tribunal canario, las dos acusaciones ejercidas por la iniciativa ciudadana abogaron por no retrasar más un trámite ya decidido por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Sin embargo, desde el Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna no se ha decidido sobre el asunto en cuestión, mientras que se ha continuado con la práctica de diligencias. Gracias a las mismas se ha confirmado uno de los indicios por los que se interesó la Audiencia: la existencia de vínculos personales entre la mayoría de los siete empresarios que controlaron la empresa concesionaria de grúas cuando se produjeron las polémicas decisiones del entonces alcalde Clavijo, quien aprobó un crédito de 120.000 euros a la compañía en cuestión y prorrogó la concesión, a pesar de que la Intervención Municipal alertó sobre la posible ilegalidad de ambas cuestiones.
Así, cinco de los siete empresarios reconocieron ante la magistrada la existencia de tales vínculos personales, centrados sobre dos focos: la práctica del kárate (a la que es aficionado Clavijo desde niño) y la administración de fincas que fue de propiedad del hoy presidente.

Además, se sabe que han sido citados también a declarar Alejandro Cordero y Antonio Vera, los dos técnicos municipales a los que el Ayuntamiento de La Laguna puso al frente de la empresa cuando, en vez de rescatar la concesión ante los numerosos incumplimientos graves en que incurrieron los siete empresarios, el entonces alcalde optó por intervenirla. Lo que en lenguaje jurídico se llama secuestrar el servicio.

Respecto a la inhibición, los planteamientos expresados por la acción popular impulsada desde XTF-NC fueron resumidos ayer por su portavoz en La Laguna, Santiago Pérez. “Si se siguen haciendo actuaciones [en este procedimiento] sin que el autor indiciario de los hechos que se investigan preste declaración al respecto, se corre el riesgo de que tales actuaciones sean declaradas como nulas o que, en todo caso, tengan que repetirse”, explicaba ayer a DIARIO DE AVISOS Santiago Pérez. Este profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna reconoció que “vamos a pedir que se resuelva lo que la propia magistrada planteó, cumpliendo así con su obligación, dado lo dispuesto desde la Audiencia Provincial, porque en caso contrario se investigarán unos hechos cometidos por un autor fantasma, pero no se trata de ningún fantasma, sino del entonces alcalde de La Laguna y hoy presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y de su sucesor en la Alcaldía, José Alberto Díaz”, remachó.

Por su parte, la acusación ejercida en nombre de Unid@s se puede ya esgrimió en su día que, “dado que por parte del Ministerio Fiscal se ha solicitado que no se produzca la inhibición del Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna, por parte de esta representación se considera que, de estimarse dicha solicitud, supondría que cualquier decisión sobre la declaración como investigado del actual presidente del Gobierno de Canarias se tomaría como una falta de competencia objetiva, por lo que, para el normal desarrollo de la instrucción que se pretende desarrollar, y para evitar suspensiones o interrupciones innecesarias, ha de inhibirse, en favor de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias”.