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Un defecto estructural

Esa circunstancia, a juicio del Tribunal, sería suficiente para considerarle responsable en cuanto persona jurídica, responsabilidad argumentada por la Audiencia con jurisprudencia del Tribunal Supremo

En el caso de los ordenadores de Luis Bárcenas, la Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado el recurso del Partido Popular y ha apreciado en ese partido un “defecto estructural” en sus mecanismos de prevención del delito, en su modelo de organización y gestión para impedir que sus miembros cometan delitos en su seno. Esa circunstancia, a juicio del Tribunal, sería suficiente para considerarle responsable en cuanto persona jurídica, responsabilidad argumentada por la Audiencia con jurisprudencia del Tribunal Supremo. Los tres magistrados de la Audiencia rebaten así los argumentos de la defensa, que alegaba la inexistencia de delito por la escasa gravedad de los daños ocasionados, la carencia de intención de delinquir y la imposibilidad legal de atribuir responsabilidad al partido como persona jurídica. De modo que, sin disponer ya de ningún otro recurso que pueda evitarlo, concluidas las actuaciones previas a la apertura de juicio oral, el PP será juzgado como persona jurídica por los delitos de daños informáticos o sabotaje informático y encubrimiento, según los artículos 264 y 451 del Código Penal, cometidos presuntamente al destruir los discos duros de los dos ordenadores de Luis Bárcenas que estaban en su sede de la calle Génova de Madrid, objeto en su día de un registro policial. Los dos ordenadores habían sido requeridos por la Audiencia para investigar la Caja B del partido. Es la primera vez en España que un partido político es juzgado como tal, y tiene, en consecuencia, la condición de acusado. Según era de esperar, la Fiscalía había pedido el archivo de las actuaciones. Con esta denegación del recurso de los populares, la Audiencia madrileña avala las decisiones de la juez instructora de la causa criminal, titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, que cerró la investigación el año pasado apreciando indicios suficientes de los citados delitos. La juez considera autores al propio partido, como persona jurídica, y a varios de sus responsables.

Por supuesto que la corrupción política española afecta a todos los partidos, y ahí están la brutal -e impune- corrupción catalana del pujolismo, los ERE del socialismo andaluz e infinidad de casos más. Pero la ingente acumulación de procesos que afectan a antiguos dirigentes de primer nivel del Partido Popular debería hacer reflexionar muy seriamente a sus actuales responsables. No van descaminados los jueces que denuncian una corrupción estructural en este partido; una corrupción estructural que le ha costado millones de votos y que amenaza muy seriamente su futuro político. El Partido Popular necesita una urgente renovación en profundidad cercana a la refundación -una más-. Y, en ese sentido, las manifiestas intenciones de Mariano Rajoy de perpetuarse en el cargo -afirma encontrarse en el mejor momento de su vida- no ayudan, sino todo lo contrario. En realidad, constituyen un gravísimo defecto estructural.

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