Uno de los siete empresarios que en su día detentaron el control de la empresa concesionaria del servicio municipal de grúas en La Laguna reconoció en el Juzgado de Instrucción Número 2 de la Ciudad de los Adelantados que todos ellos no solo fueron consultados sobre la prórroga de la concesión, sino que también firmaron la misma.
En concreto, fue Carmelo Jesús Reyes González (junto a Leopoldo Santana, los únicos que no han confirmado vínculos personales con el entonces alcalde, Fernando Clavijo) quien, a preguntas de las acusaciones presentes en la toma de declaración celebrada el pasado martes, sostuvo que los siete supieron con antelación que se iba a prorrogar la concesión y que todos ellos rubricaron la misma.
Cabe recordar que esta prórroga del servicio con la empresa en cuestión es una de las decisiones del Ayuntamiento donde la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife detecta indicios sobre la presunta comisión de los delitos de prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.
En sus respuestas como testigos, los otros seis empresarios negaron haber decidido sobre la prórroga y sobre la otra actuación bajo sospecha, que es un crédito de 120.000 euros concedido a la concesionaria. En todos los casos utilizaron el mismo argumento: cuando se produjeron el crédito y la prórroga, la empresa estaba intervenida por parte del Ayuntamiento, a pesar de que los numerosos incumplimientos graves en los que había incurrido la concesionaria obligaban a rescatar el servicio, no a su secuestro administrativo.
Los hechos que nos ocupan ocurrieron en 2014, cuando el alcalde era Fernando Clavijo y el concejal de Seguridad Ciudadana era su sucesor, José Alberto Díaz.
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