la laguna

XTF-NC y Unid@s rechazan de plano el argumento social del alcalde para levantar reparos

El alcalde de La Laguna defiende que un informe recogía que los contratos se podían prorrogar porque atendían a las necesidades de los vecinos
El alcalde (c), ayer junto a Antonio Alarcó (PP) y Rubens Ascanio (Unid@ se puede) en primer plano. ANDRÉS GUTIÉRREZ

Ante el requerimiento de comparecencia, en el Pleno de ayer, del grupo municipal Unid@s se puede para ser preguntado “por los reiterados levantamientos” de reparos del interventor “en las prórrogas de contratos públicos”, el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, respondió que él no levanta “reparos contrarios a derecho” sino que lo hizo en base a un informe de otro funcionario “que entiende que se puede prorrogar el contrato porque hay un interés superior, la atención a los ciudadanos”. Un argumento que rechazaron y criticaron tanto desde Unid@s se puede como desde el grupo XTF-NC.

Díaz explicó que algunos de estos servicios se encontraban en pleno debate parlamentario sobre si eran competencia municipal o no, como la atención a domicilio. “Y cuando veo los argumentos del interventor -continuó-, que suelen ser razonables aunque a veces los comparta o no, y hay dudas sobre las competencias y hay un informe de otro funcionario de alto nivel encargado del tema y que entiende que se puede prorrogar el contrato porque hay un interés superior, yo pondero y tengo que decidir si dejo de atender todos los días a mil personas que necesitan que vayan a lavarles o hacerles la compra… Creo que tomé una decisión responsable para responder a las necesidades de las personas”.

Sin embargo, el portavoz del grupo XTF-NC, Santiago Pérez, sostuvo que “uno puede invocar causas de estado de necesidad, pero ese es solo uno de los contratos, pero es que hay todo un conjunto de importantísimo valor” que no tenían ese componente social, ni dificultad para tramitarlos o inseguridad jurídica. “En mi opinión, esas autorizaciones son contrarias a la legalidad -añadió-. Este asunto tiene una indudable envergadura jurídica y económica y habrá que resolverlo en los tribunales”. Por su parte, el portavoz de Unid@s se puede, Rubens Ascanio, enfatizó que “lo que hay que hacer es poner en marcha los concursos públicos para cumplir la legalidad , y eso es lo que ha faltado y no es culpa de los funcionarios. Hay que hacer más autocrítica y ver qué falla”.

El alcalde continuó defendiendo las prórrogas de los contratos argumentando que no podía “dejar sin luz al municipio, o sin el servicio de control de absentismo escolar, o sin limpiar los colegios o que cerremos las guarderías…. Y con un informe de un funcionario que dice que desatenderlo es de una gravedad enorme”. Anunció, además, que de los 12 contratos de continuidad que hay, 11 ya están adjudicados o casi y que solo queda por iniciar el proceso de uno.

Depósito de vehículos

Por otra parte, el debate del servicio de grúas volvió al Pleno a raíz de una moción de XTF-NC en la que solicitaban al equipo de Gobierno que “desistiera de la inversión pública prevista”, de unos 350.000 euros, “para el acondicionamiento de un nuevo depósito de grúas municipales (en el barrio de La Verdellada), teniendo en cuenta que puede ser considerada una alteración de las condiciones iniciales del contrato ofrecidas en el concurso público en el año 2004”.

El concejal responsable del área, Jonathan Domínguez, respondió que esa partida “no se refiere a los depósitos del servicio externalizado de grúas”, sino a un nuevo deposito municipal que “quiere servir para descongestionar el actual depósito de la calle Herradores, dando así respuesta a las necesidades de la propia Policía Local”. Sin embargo, a juicio de XTF-NC y de Unid@s se puede, la realización de este servicio depende también de la empresa concesionaria del servicio de grúas y que, por tanto, forma parte del pliego de dicho contrato.

Aprueban estudiar nuevas ubicaciones para futuras gasolineras

El Pleno aprobó ayer por unanimidad la decisión de la concejal de Urbanismo, Candelaria Díaz, de ordenar a la Gerencia que inicie el procedimiento necesario para proceder a una modificación del PGO con el fin de estudiar una limitación de los usos para la instalación de futuras gasolineras, con la correspondiente suspensión facultativas de licencias y de la herramienta estudio de detalle, que es la que otorga el informe favorable para su instalación.

La edil argumentó, en el marco de una moción de Unid@s se puede sobre este tema, que desde 2016 “se han presentado siete solicitudes para estudios de detalle, eso nos hizo pensar que quizás teníamos que regular mejor la instalación de gasolineras y que a lo mejor sería ideal que las futuras no estuvieran cercanas a zonas residenciales sino en otros usos como industriales o grandes superficies”.

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