caso grúas - La LAguna

El Ayuntamiento solicitó un informe externo porque “había que justificar y convencer de que el préstamo era legal”

El técnico municipal Antonio Vera, ayer frente a los juzgados de La Laguna. SERGIO MÉNDEZ

El informe externo tras el que se escuda el entonces alcalde de La Laguna y hoy presidente regional, Fernando Clavijo, a la hora de justificar un préstamo de 120.000 euros concedido por el Ayuntamiento a la concesionaria que controlaban sus amigos fue encargado, específicamente, para rebatir los reparos planteados desde la Intervención Municipal, que entendía ilegal dicho crédito. Así se desprende de lo declarado ayer en calidad de testigo por un funcionario municipal, Antonio Vera, en el Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna. “Sabía que el interventor municipal es un profesional acreditado, pero de alguna manera había que justificar y convencer de que la concesión de un préstamo era legal y viable”, respondió Vera a una pregunta de la abogada Sandra Rodríguez, quien representa la acción popular ejercida por XTF-NC.

La relevancia del testimonio prestado ayer por Antonio Vera, a quien se le encomendó la gestión económica de la empresa de grúas durante su secuestro por parte del Ayuntamiento, radica en que ese préstamo de 120.000 euros y la posterior prórroga de la concesión son las dos decisiones de Clavijo en las que la Audiencia Provincial advierte indicios delictivos suficientes como para seguir con esta investigación judicial.

En cuanto a quién solicitó tal informe externo a dos catedráticos de la Universidad de La Laguna, Francisco Villar y Francisco Clavijo, Vera cree recordar “que los pidió Seguridad Ciudadana, ya que necesitaba contrastar, porque el interventor manifestaba que no era viable el préstamo”, para a continuación añadir que desconocía “las dificultades internas entre Hacienda y Seguridad Ciudadana, solo sabía que estaban desesperados”.

Cabe recordar que, por aquel entonces (2014), Fernando Clavijo era el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz era el concejal de Seguridad Ciudadana y Antonio Pérez Godiño era el de Hacienda. Precisamente, los tres son los políticos implicados ahora en el caso Grúas. Pérez Godiño declaró ayer en el juzgado en calidad de investigado; el Tribunal Superior de Justicia de Canarias decidirá si Fernando Clavijo es finalmente imputado o no, mientras que el ahora alcalde Díaz se mantiene como denunciado.
El caso Grúas versa sobre la presunta comisión de los delitos de prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.

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A la espera de que el Tribunal Superior de Justicia reclame, como se prevé, toda la documentación del caso Grúas para decidir si finalmente imputa o no a Fernando Clavijo, ayer prestaron declaración el portavoz y concejal de CC en La Laguna, Antonio Pérez Godiño, y los técnicos municipales Alejandro Cordero y Antonio Vera. Los dos funcionarios, testigos en la causa, aparecieron en el Juzgado con más de 20 minutos de antelación y rechazaron cortésmente hacer declaraciones. Lo mismo hizo después Pérez Godiño, pero con distinto talante, quizás por su condición de imputado. El concejal estaba serio y parecía tan preocupado como su acompañante, Juan Manuel Castañeda, quien se marchó una hora más tarde con la misma cara de pocos amigos que mostró al entrar. Cordero y Vera testificaron durante cerca de dos horas cada uno, pero Godiño acabó en poco más de 30 minutos. Se fueron con el mismo silencio con que llegaron.

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