tierra baja

Derrumbados por los barrotes – por Ángel Isidro Guimerá

Dura lex, sed lex, dura es la ley, pero es ley, es un aforismo proveniente del derecho romano. Y dura, muy dura, tiene que ser la vida y el paulatino paso de los días entre rejas como el que sufren los rebeldes catalanes. Sin llegar al extremo del criminal croata Praljak, que se suicidó -para no ir a la cárcel- bebiéndose hace unos días una pequeña botellita de cianuro ante el Tribunal que lo condenó a veinte años de prisión, es lo cierto que causa ya cierta repugnancia percibir el temblor y la cobardía de los dirigentes del secesionismo catalán, dispuestos a acatar todo lo que le pongan por delante para dejar atrás los barrotes y las celdas. Qué poco liderazgo, hombría y entereza tienen estos redentores de pacotilla.

El expresidente felón, el prófugo Puigdemont, formuló la consigna a todos sus colaboradores encarcelados que tenían cita ante el Tribunal Supremo: “Haced lo que haga falta para salir de la cárcel”. Artur Mas respaldó inmediatamente esa línea, apoyando “cualquier argumento de defensa” para recuperar la libertad. El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, los siete exconsejeros catalanes y los líderes de ANC y Òmniun Cultural cumplieron ya con el trámite en los términos planteados por su antiguo jefe desde Bruselas en su declaración ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

A mi juicio, sería un error pensar que estos personajes han llevado a cabo un acatamiento de boquilla, o una retractación retórica ante el magistrado Llarena, por obediencia a su exjefe huido a Bélgica. Sería mucho más digno, honesto y respetable para sus seguidores permanecer en prisión y hacer frente a sus responsabilidades por el gravísimo delito de intentar un golpe de Estado. La realidad es que, como le ocurre a muchos, no soportan la prisión, es superior a sus flaquezas y escasas fuerzas. Les aterra el aislamiento y el régimen de la cárcel, cada día más duro e insoportable. Añoran su anterior libertad, la plácida y confortable vida del ordeno y mando en sus alfombrados despachos. Les tiemblan las piernas desde que se sentaron delante de la toga de la juez Carmen Lamela y el fiscal.

¿Dónde están ahora la gallardía, la soberbia y prepotencia de que hacían gala ante la muchedumbre, en reuniones y conciliábulos a lo largo de la geografía catalana? En menos de un mes han sido derrotados por unos barrotes. Ya, y ahora ¿para qué sirven estos falsos líderes de cartón piedra que nos recuerdan a los caganers de los pesebres catalanes? Hay quienes sostienen que su retractación no va a tener el más mínimo efecto negativo en la adoctrinada grey soberanista y que, incluso, serán recibidos como héroes y mártires de una causa sagrada. Nadie, dicen, les va a reprochar el oportunismo de la apostasía.

Sinceramente, no creo que los acontecimientos que se produzcan próximamente vayan a transcurrir por ese camino. Los propios líderes de los partidos secesionistas son conscientes de que sus seguidores se frustraron, al menos internamente, al comprobar que la cacareada República no estaba preparada más allá de las mentes calenturientas de algunos. Conscientes también de que les habían mentido y que, ahora, los que proclamaban sacando pecho haber logrado la independencia reniegan de ella acatando el 155 para salir de prisión o huyen a Bruselas con el rabo entre las piernas para zafarse de la cárcel. Hasta los separatistas más fanáticos los consideran unos cobardes. Cuando se publiquen estas líneas, el juez del Supremo ya habrá tomado una decisión sobre las probables excarcelaciones. Pablo Llarena es un excelente magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que se ha tomado dos días para redactar un auto en el que me temo que no todos los encarcelados verán cumplidos sus deseos. Seguramente, algunos tendrán que hacer la campaña electoral entre rejas y otros podrán hacerla en la calle si depositan la fianza correspondiente. Ni Oriol Junqueras ni Raül Romeva respondieron a las preguntas de la Fiscalía (que representa y vela siempre por el cumplimiento de la legalidad). Esa falta de implicación con el Ministerio Público y, por tanto, con la Justicia no favorece la sinceridad de sus compromisos.

A ello hay que sumarle su particular sometimiento a la Constitución que lo fue en su condición de norma flexible e interpretable. Tampoco renunciaron expresamente al logro de sus propósitos golpistas. Para la Fiscalía del Tribunal Supremo, las declaraciones de los exconsejeros y de los Jordis no resultaron creíbles, aunque quizás el juez Llarena se vea en la tesitura de fingir que se cree una mentira.

En cualquier caso, salgan o no ahora de prisión, todos ellos tendrán en su día que rendir cuentas a la Justicia. Lo realmente importante es que los partidos constitucionalistas ganen el próximo día 21-D las elecciones en Cataluña. Si las proyecciones de los expertos se cumplen, puede haber sorpresas. Ciudadanos, que aglutina en esta ocasión el voto útil, sigue creciendo y puede convertir a Arrimadas en una gran presidenta de la Generalidad, siempre que los socialistas catalanes actúen lealmente, cosa que está por ver.

En las últimas horas se ha producido una mala y buena noticia a la vez: “ERC hará un recuento paralelo el 21-D porque el Gobierno prepara un pucherazo.” Mala, porque acusar al Gobierno de preparar un pucherazo, imposible, por cierto, con el sistema de control que establece nuestra ley electoral, es la máxima agresión, protagonizada por Oriol Junqueras, que podía sufrir ante el mundo occidental Mariano Rajoy y su Gobierno. En España, desde la llegada de nuestra actual democracia, los resultados electorales jamás han sido cuestionados por partido alguno. La buena noticia estaría en que lo que de verdad quieren decir es que temen que no les va a ir tan bien como dicen los sondeos. La verdadera función de los 14.000 apoderados que pretenden conseguir para controlar las 8.000 mesas electorales no consistiría en revisar la limpieza del proceso electoral, sino, más bien, en inventarse irregularidades en el recuento, en caso de que los resultados no les acompañen. Nunca aceptarán una derrota electoral y quieren poder aducir en su defensa que ellos han hecho otro recuento con diferente resultado.

La legitimidad de ese recuento será la misma que la de la declaración unilateral de independencia: ninguna. Pero ya se encargarán sus amigos mediáticos de intentar equiparar su validez con la del Ministerio del Interior. En definitiva, su propósito es denunciar ante la opinión internacional un pucherazo que no va a existir, pero que la posverdad, en el juego de las redes digitales, puede convertir en realidad para muchos y en muchos países. ¡Qué barbaridad! No paramos de mejorar.

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