CASO GRÚAS - LA LAGUNA

“El caso Grúas empezó por la denuncia que presentamos los trabajadores, no los políticos”

La determinación de este empleado, junto a otros compañeros, destapó en 2012 una trama que hoy amenaza con imputar al presidente de Canarias

Francisco Ramos, trabajador de las grúas de la Laguna. Sergio Méndez
Francisco Ramos, trabajador de las grúas de La Laguna. Sergio Méndez

Fue su determinación, junto a la de otros compañeros suyos, lo que dio origen al llamado caso Grúas. A pesar de que estos trabajadores denunciaron el presunto saqueo de piezas en coches custodiados en un depósito municipal (ahora investigado judicialmente en un proceso paralelo al del Juzgado Número 2 que implica a Fernando Clavijo), solo recibieron como recompensa sus despidos y el ninguneo del entonces alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, y el de su sucesor, José Alberto Díaz, a quienes alertaron repetidamente de las irregularidades en la concesionaria cuando era controlada por los amigos del propio Clavijo. Para entender el caso Grúas, del que DIARIO DE AVISOS lleva un año informando, hay que escuchar a Francisco Ramos (La Laguna, 1973).

-¿Es cierto, como sostiene el exalcalde de La Laguna y hoy presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que ustedes, los trabajadores de la concesionaria que denunciaron, perseguían quedarse como personal fijo en el Ayuntamiento?

“Es mentira. Nunca pedimos eso. Nosotros lo que queríamos era conservar nuestro puesto de trabajo. Lo único que buscábamos era, visto como estaba la empresa, que se rescatase por el Ayuntamiento y que se sacase a un concurso donde se obligase a la nueva adjudicataria a subrogar a los trabajadores”.

-¿Por qué Fernando Clavijo dice que actuó por interés general y para evitar que el Ayuntamiento tuviera que cargar con 22 trabajadores?

“No lo sé, porque además no había 22 trabajadores, sino 18. En 2011, cuando compraron los amigos de Clavijo, éramos 18. Al año siguiente echaron a dos, pero uno lo ganó en el juzgado porque era delegado del personal. Al otro lo tuvieron que indemnizar. Ellos decían que eran despidos disciplinarios, pero el motivo real fue porque habíamos denunciado el saqueo de las piezas en los coches del depósito municipal. En 2013, llegan tres despidos más y pasamos a ser 14, porque de los cinco ya despedidos hay uno readmitido. De esos 14, siete son los empresarios, y así llegamos a 2014, cuando Clavijo prefiere intervenir la empresa. En ese momento, si se rescata, solo tendría que hacerse cargo de siete trabajadores, porque los otros siete son los empresarios que han incumplido gravemente el contrato y provocado que haya que recuperar el servicio. Así que, de 22, nada de nada. Además, como uno de los siete se había jubilado, quedábamos 13”.

-¿Nunca pidieron pasar a la plantilla del Ayuntamiento?

“Nunca. Pedimos el rescate del servicio por escrito ante los incumplimientos, pero para que se celebrase un nuevo concurso. Tampoco entiendo por qué Clavijo dice que si rescataba el servicio tenían que hacerse cargo de la deuda. No lo comprendo. Legalmente, la concesionaria de los amigos de Clavijo había incumplido el contrato y las deudas las habían generado ellos, por lo que será un problema de ellos, no del Ayuntamiento”.

-¿Fue legal la compra de la concesionaria por parte de los amigos de Fernando Clavijo?

“Nunca debía haberse permitido, porque ninguno de ellos tenía título de capacitación. Ni uno de los siete. Solo por eso, la compraventa era nula de pleno derecho”.

-Tampoco se comunicó oficialmente, como exigía el pliego de contratación…

“Exactamente, pero el Ayuntamiento de La Laguna prefirió mirar para otro lado”.

-¿Por qué abogaban ustedes por el rescate del servicio?

“Sobraban las razones. Los amigos de Clavijo no pagaban la Seguridad Social, los impuestos regionales, el de Sociedades, acumularon deudas con algunos de los trabajadores de hasta 12 mensualidades, las grúas carecían de sus tarjetas de transporte, los vehículos estaban hechos polvo, ninguno de los empresarios tenía capacitación para llevar la empresa en cuestión…”.

-¿Está de acuerdo con que el caso Grúas surge por una denuncia política, como sostiene el hoy presidente del Gobierno canario?

“Es falso. El caso Grúas empieza porque nosotros, los trabajadores que no éramos empresarios, acudimos primero a la Inspección de Trabajo y luego a la Guardia Civil para denunciar el saqueo de las piezas y porque nos negamos a ir al depósito de la calle Espinero para que no se nos involucrase falsamente en ese asunto. Si luego informamos a los políticos de la oposición fue porque, cuando se lo contamos a Clavijo, que entonces era el alcalde, no nos hizo ni caso. Fuimos a hablar con él, pero solo nos recibió una vez y después de que nos plantásemos frente a la puerta de su despacho. Pero lo contamos una y otra vez en los medios de comunicación, y se lo explicamos al entonces concejal de seguridad, que es ahora el alcalde, José Alberto Díaz. Lo único que nos respondían es que ya nos pagarían. Una vez, José Alberto Díaz llegó a decirnos que él se jubilaría y la Justicia todavía no habría resuelto lo del saqueo de las piezas”.

-¿En qué situación se encontraba la empresa cuando estaba al frente José Padilla, su primer propietario (2004-2011)?

“Cobrábamos regularmente, más allá de algún retraso puntual. Nunca despidió a nadie y las grúas estaban bien. Una vez, en 2010, se retrasó dos meses y lo que hizo Padilla fue pedirnos perdón, nos pagó los dos meses de golpe y, para compensarnos por el retraso, nos adelantó una paga extra. Nunca tuvimos problemas con José Padilla”.

-La peatonalización del casco, una de las excusas para justificar la ruina económica de la empresa, empieza en 2008, cuatro años antes de que se vendiera en 2011 a los amigos de Fernando Clavijo…

“Insisto. Con Padilla al frente de la concesionaria de grúas no había problemas para cobrar”.

-¿Cómo supieron que Padilla iba a vender la empresa a siete de los trabajadores?

“Padilla nos explicó que había retrasos en los pagos por parte del Ayuntamiento y que la cosa no iba a mejorar. Nosotros estábamos dispuestos a apoyarle, a ir con él a la Tesorería…, pero los siete no estaban por la labor. A Padilla no solo le amargó la vida el Ayuntamiento, sino también los siete que, por decirlo en plan suave, no le hacían la vida sencillla”.

-¿Ninguno de los siete les avisó de que iban a comprar la empresa?

“A mí solo me lo dijo Felipe Casanova. Que al día siguiente iban a reunirse para comprar la empresa. Como yo le respondí que si estaban locos, porque ellos no tenían ni la capacitación, él me respondió que estaban apoyados por Fernando Clavijo, que yo ya sabía que Clavijo se llevaba muy bien con su primo Santi [Santiago Casanova, otro de los siete]. Cuando le pregunté por el título de capacitación, no sabía lo que era. Yo respondí que no quería saber nada, y que lo iba a denunciar, que fue lo que hice”.

-¿Cuándo le despidieron?

“El 14 de octubre de 2015”.

-¿Llegó a trabajar con el actual propietario, Juan Luis Tacoronte [este compró la empresa en 2015 a los amigos de Clavijo]?

“Sí. Durante un mes. Me dio vacaciones y, al volver, seis días después, me despidió”.

-Volvamos al interés general del que habla el presidente…

“[Interrumpe]… El interés de los siete, diría yo…”.

-Usted, que es vecino de La Laguna, un trabajador. ¿Lo pasó mal durante todo esto?

“Ni se lo puede imaginar. ¿Sabe lo que es ir a trabajar y que no te paguen?”.

-¿Cuántos meses llevaron a deberle?

“Hasta doce mensualidades”.

-¿Cómo sobrevivió?

“Fueron unos tiempos muy duros, terribles, que prefiero no recordar. Solo le cuento una cosa: durante muchos meses tuve que ir al trabajo caminando desde mi casa. Yo vivo en La Laguna, y tenía que bajar andando a La Higuerita, en La Cuesta, que es donde estaba el trabajo, y cuando terminaba subía caminando otra vez. No tenía ni para la guagua o para la gasolina del coche. También tuve que irme de la casa donde vivía porque no tenía dinero para pagarla. Por eso duele que Fernando Clavijo hable del interés general, porque solo se cuidó el interés de los siete. Si ellos habían hipotecado sus casas, como dicen, nadie les puso una pistola en el pecho para que compraran la empresa. En todo caso, quien los animó, que fue Clavijo cuando les dijo que podía ser un bonito negocio. Yo estuve dos veces en los que alguno de los siete llamaba delante nuestro a Clavijo. En una de ellas estaba con Santiago Casanova y José Padilla en un bar de La Cuesta, y Casanova llamó delante nuestro”.

-¿Y la otra?

“Fue también antes de la venta. Yo había redactado un papel con la firma de los trabajadores para apoyar a Padilla y denunciar ante los medios que el Ayuntamiento no le estaba pagando. Pero Pablo Ginovés, delante mío, se fue a un rincón del Ayuntamiento para hablar con Clavijo y, cuando volvió a donde yo estaba, Pablo me dijo que no se podía hacer eso y rompió el papel en mi cara”.

¿Se acabaron los problemas cuando el Ayuntamiento concedió el controvertido préstamo de 120.000 euros?

“Para nada. Esa es otra mentira, porque con los 120.000 euros se acabarían los problemas de algunos, pero no los de los trabajadores que habíamos denunciado. A mí entonces me debían seis mensualidades, pero solo me pagaron tres, y hasta diciembre de 2014 no me volvieron a pagar, por lo que volvieron a deberme un total de nueve mensualidades. Con el préstamo de 120.000 euros no solo no se acabaron mis problemas, sino que en realidad acabé más pobre, más arruinado y más endeudado”.

-¿Qué papel jugaron los técnicos municipales durante la intervención? ¿Eran los jefes? ¿Seguían mandando los siete? ¿O quizás los cargos de confianza de la concejalía?

“Le digo mi opinión. Pienso que Alejandro Cordero no mandaba nada, mientras que Antonio Vera… La verdad es que tampoco, porque cuando le íbamos a preguntar por qué seguíamos sin cobrar, Vera tampoco nos resolvía el problema. Lo único que hizo Vera fue traer a Juan Luis Tacoronte”.

-¿Para qué sirvió la intervención de la empresa?

“Para nada, en mi opinión”.

-Pero ¿con quién hablaba usted durante la intervención?

“Con Vera. Cuando les pagaron los 120.000 euros, le pedí explicaciones sobre por qué no se me habían pagado todas las nóminas que me debían. Pero no supo contestarme”.

-Cuando se enteró de que la Audiencia provincial aprecia indicios delictivos, ¿qué pensó?

“Pues mire, le respondo en nombre de todos los compañeros que nos vimos en aquella situación: Si finalmente se prueba que nosotros sufrimos aquello, tantos meses sin cobrar y tantas dificultades, porque se cometieron delitos, tenga por seguro que no vamos a quedarnos quietos”.