El IMAS se ofrece a mediar con los ancianos multados por Hacienda

El concejal de Atención Social, Óscar García, anunció ayer que el Ayuntamiento de Santa Cruz se ofrece a mediar ante Hacienda por las multas que algunos beneficiarios de la ayuda a domicilio en 2013 están recibiendo por no haberlas declarado. Al menos a dos ancianas de Santa Cruz, una de 88 y otra de 96 años, tal y como publicó ayer DIARIO DE AVISOS, la Agencia Tributaria les reclama más de 1.000 euros por este concepto. Tal y como detalla el Ayuntamiento, estos beneficiarios recibieron prestaciones económicas de carácter social (ayuda a domicilio) que, por su importe, superaban el cómputo mínimo para tributar por IRPF. El Ayuntamiento ofrece su ayuda a aquellos usuarios que carezcan de recursos propios para hacer frente a estas sanciones y con el objeto de mediar ante la Agencia Tributaria y aliviar sus responsabilidades fiscales.

García aclaró que “el hecho de que las prestaciones económicas de carácter social computen como ingresos en la declaración de la Renta es una cuestión que concierne exclusivamente a la Hacienda pública, lo que no es óbice para que el Ayuntamiento se ofrezca a acreditar fehacientemente tanto la cuantía como la naturaleza social de esas prestaciones, y a auxiliar a los vecinos afectados en las gestiones con la Agencia Tributaria”.

El concejal recuerda que, “en 2012, el Ayuntamiento optó por un sistema de prestaciones económicas como fórmula para poder mantener el servicio de asistencia domiciliaria a 1.033 vecinos de la capital, después de que la empresa prestataria y conveniada con el Consistorio (Mararía) quebrase inesperadamente y dejase de prestar el servicio”. García informó de que “todos y cada uno de los beneficiarios de este servicio en Santa Cruz fueron debidamente informados a través de una resolución del cambio de sistema y de la entrada en vigor de las prestaciones económicas”. El Consistorio confirmó que al menos en diez casos se emitió este informe a petición de los usuarios para presentarlo a Hacienda.

El concejal de Atención Social manifestó que “la prioridad para el Ayuntamiento ante la desaparición de la empresa que prestaba el servicio fue proteger un bien superior, como es la asistencia y la atención a las personas que ya disfrutaban de ese servicio municipal en su domicilio”. García apuntó, igualmente, que “la gran mayoría de los beneficiarios no han tenido el menor percance con la Hacienda pública debido a que carecen de ingresos propios significativos y, por tanto, la percepción de esa ayuda económica de carácter social no alcanza a los mínimos establecidos en la tributación española”. “Ahora bien, ante la aparición de casos puntuales que no fueron conscientes de que las ayudas eran ingresos desde el punto de vista fiscal, el Ayuntamiento se ofrece a acreditar el origen social de esas prestaciones y a mediar ante la Agencia Tributaria para facilitar una solución razonable”.

Ayer, la hija de la anciana de 88 años de cuyo caso se hizo eco DIARIO DE AVISOS confirmó que ya había presentado el informe ofrecido por el Ayuntamiento, aunque matizó que le costó “más de seis visitas que aclararan el servicio que había recibido mi madre”. Gracias a ese informe, la deuda inicial se vio rebajada y ahora ha quedado en algo más de 1.200 euros. “Hoy también presenté en Hacienda la declaración de dependencia, para ver si así se cancela la deuda”.