El acelerón dado por el PP a la nueva financiación autonómica, pues busca un acuerdo con el PSOE con miras a que a principios de 2018, pasadas las elecciones autonómicas catalanas del 21 de diciembre, se cambie el actual sistema de reparto entre las regiones, ha generado incertidumbre en Canarias.
Quien ha dado la voz de alerta es el portavoz de NC, Román Rodríguez, pues ha pedido unidad a los partidos en Canarias al entender que PP y PSOE podrían contentar más a Valencia, Andalucía y Cataluña, esta última en plena efervescencia independentista, y que la comunidad canaria, la peor parada ahora, podría incluso empeorar su situación si no ejerciera suficiente presión en las Cortes.
La preocupación de Román Rodríguez surge a raíz de que la primera simulación hecha basada en el nuevo sistema de distribución propuesto por el comité de expertos creado por el Estado y las autonomías, empeora la financiación canaria aún más, del actual desfase de 616 millones al año a 766. Tal simulación la realizó el verano pasado el director de la Fundación de Estudios de la Economía Aplicada, Ángel de la Fuente, miembro de ese comité a propuesta del Gobierno estatal (los autonómicos tuvieron también representantes en ese foro).
La prioridad desde Canarias es que los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) no sean tenidos en cuenta en la cuota que le corresponda a Canarias en la financiación autonómica, ni tampoco el extinto impuesto IGTE. Por ello, según alertó ayer Román Rodríguez, “si todo este debate se acelera y no se deja fuera el REF y el IGTE, Canarias puede tener un grave problema como el que ya tuvimos entre 2009 y 2016, periodo en el que perdimos 5.000 millones de euros”. Por ello, el diputado de NC apeló a la unidad de los partidos en Canarias para salir bien parados del envite. Cabe recordar que hasta 2009 no se contabilizaba el REF en la financiación autonómica, y desde entonces se vincularon, lo que ha perjudicado a Canarias sobremanera.
A su juicio, “es seguro que el nuevo acuerdo de la financiación, si no hay recursos adicionales, mejorarán mucho lo que perciben Cataluña y Valencia, donde incluso hubo una manifestación de 65.000 personas exigiendo una financiación justa; así que en Canarias, o estamos unidos todas las fuerzas políticas, o nos van a colocar en posiciones financieras críticas”. Desde el punto de vista del líder de NC, “Canarias está ahora mismo en posición de debilidad, sobre todo si hay acuerdo entre CC y PSOE”.
Por el momento, este año en los Presupuestos del Estado se ha desvinculado el REF de la financiación autonómica, lo que ha permitido que Canarias acceda al Fondo de Competitividad y obtuviera 220 millones adicionales en el presente ejercicio económico y 416 el próximo.
Desde el PP canario, su portavoz en el Parlamento regional, Australia Navarro, sostuvo este jueves que “si hay voluntad entre los dos grandes partidos para que no ocurra lo que en 2009, cuando se aprobó sin el apoyo del PP, esperamos que en el primer trimestre del próximo año se pueda hablar sobre cómo será esa nueva financiación”. Navarro recordó, en declaraciones a SER Las Palmas que “en Canarias todos los grupos políticos coincidimos en reclamar una mejor financiación y hacerlo como una sola voz”.
Entretanto, el PP en el Gobierno estatal lo tiene claro al buscar el consenso con el PSOE. Los dos partidos suman doce de los quince gobiernos autonómicos en las regiones con financiación del régimen común.
CANARIAS RECLAMA QUE LA DEPENDENCIA SE INCLUYA EN EL DEBATE
Ante esta reforma de calado nacional, el Gobierno canario reclamará que los fondos para atender a las personas dependientes se incluyan en el futuro modelo de financiación autonómica, y se garantice así la igualdad de derechos de los ciudadanos independientemente de la región en la que vivan, según informó la consejera regional de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido
El porcentaje de participación del Estado en el sistema de Atención a la Dependencia en Canarias en 2016 fue de un 13,86% frente al 64,92% de la Comunidad autónoma y el 21,22% de los Cabildos Del total financiado del Sistema en 2016, un global de 192.292.847,78 euros, el Estado aportó por el nivel mínimo tan solo 26.650.466,62 euros, un 13,86%
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