CASO GRÚAS - LA LAGUNA

El TSJC sigue adelante con el caso Grúas y pide más información sobre Clavijo

El TSJC aclara que “no procede” devolver el sumario al juzgado lagunero y pide una “exposición razonada” sobre los indicios delictivos que involucran a Fernando Clavijo, señalado al firmar dos de los tres decretos objeto de investigación

Dos juzgados laguneros y el TSJC investigan hoy las distintas ramificaciones del llamado Caso Grúas. Sergio Méndez
Dos juzgados laguneros y el TSJC investigan hoy las distintas ramificaciones del llamado Caso Grúas. Sergio Méndez

El Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna citó ayer a declarar como testigo al interventor municipal de la Ciudad de Los Adelantados, Gerardo Armas, cuyo testimonio se considera clave al ser quien detectó la posible ilegalidad de los tres decretos en los que la Audiencia provincial de Santa Cruz de Tenerife aprecia indicios delictivos suficientes como para seguir investigando.

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha decidido, a propuesta de la Fiscalía, reclamar a dicho juzgado que aclare y amplíe los indicios por los que considera que debe imputarse en este caso al exalcalde y hoy presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. En su comunicado, el alto tribunal canario deja bien claro hasta qué punto continúa esta investigación judicial cuando recuerda que “no procede la devolución de los testimonios de las actuaciones al referido Juzgado”.

Por su parte, la jueza titular rechazó la solicitud de las dos acusaciones populares, impulsadas por Unid@s se puede y Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC), para que declare como imputado el actual alcalde de La laguna, José Alberto Díaz (CC).

El motivo esgrimido por la jueza para motivar tal rechazo es que Díaz no firmó ninguno de los tres polémicos decretos lo que, a sensu contrario, señala con claridad meridiana a quienes rubricaron los mismos: el exalcalde y hoy presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el todavía portavoz municipal de CC, Antonio Pérez Godiño.

Testimonio

Respecto a la principal novedad, será el próximo día 15 de enero cuando declare en sede judicial el interventor municipal lagunero, Gerardo Armas. Se trata del funcionario que puso reparos sobre la legalidad a los tres decretos, que versan sobre el crédito de 120.000 euros concedido a una concesionaria controlada por amigos de Clavijo, así como la prórroga en dicho servicio. A pesar de la advertencia de Armas, el Ayuntamiento de La Laguna no dudó en contratar a dos catedráticos de la Universidad de La Laguna, Francisco Villar y Francisco Clavijo, para que redactaran una argumentación distinta a la del interventor. Semejante maniobra fue desvelada por un técnico municipal, Antonio Vera, quien reconoció en sede judicial que el objetivo de tal contratación era, específicamente, rebatir los argumentos del interventor municipal. Cabe recordar que Gerardo Armas ha sostenido su discrepancia sobre la legalidad de los tres decretos tanto cuando se promulgaron como durante su citación ante una comisión municipal que estudió el caso.
Ampliación

Por lo que se refiere al TSJC, ayer se desveló que sigue con el caso Grúas, a la espera de que la jueza lagunera les remita el mismo correctamente, es decir, con una “exposición razonada” o, por utilizar la expresión de la Fiscalía Superior de Canarias, que no se limite a reproducir el fundamento jurídico cuarto del auto dictado el pasado 17 de octubre por la Audiencia provincial de Santa Cruz de Tenerife. Eso sí, en la providencia del alto tribunal canario, se incluye un aviso para navegantes que no deja lugar a dudas: que no decida si finalmente imputa a Clavijo por ahora solo se debe a, precisamente, esa ausencia de una exposición razonada por parte del juzgado de instrucción.
Recurso

Sobre la imputación del alcalde José Alberto Díaz, XTF-NC confirmó anoche a DIARIO DE AVISOS su intención de recurrir la desestimación de la misma, al entender que la responsabilidad de Pérez Godiño no es tal, por cuanto su firma obedece sencillamente a que sustituía como concejal de Seguridad a Díaz, que estaba de vacaciones en aquellos días (agosto de 2014).

Esta disparidad de criterios ha creado las primeras grietas entre las filas de Coalición Canaria, sin duda consecuencia de la notable dimensión adquirida por el caso Grúas, sobre el cual ya pivota la política del Archipiélago y se recoge ya en las primeras páginas de la prensa canaria, como lleva publicando DIARIO DE AVISOS desde hace un año. Así, la Ejecutiva regional de CC salió el pasado miércoles en defensa de Fernando Clavijo y José Alberto Díaz, pero no hubo mención alguna de Antonio Pérez Godiño, quien ya ha prestado declaración como imputado por el juzgado lagunero.
Sea como fuere, no son pocas las vinculaciones de José Alberto Díaz con el caso, ya que fue el hoy alcalde quien propuso tanto el préstamo de 120.000 euros (4 de junio 2014), como la prórroga de la concesión (6 de agosto 2014). También fue Díaz quien posteriormente solicitó el levantamiento de los reparos formulados por la Intervención General a estas dos propuestas (16 de junio de 2014 respecto a los reparos formulados al préstamo, y 25 de agosto de 2014 respecto a los reparos formulados a la prórroga).