caso grúas - La LAguna

La jueza no ha decidido si imputa o no aún al alcalde de La Laguna

En su providencia del pasado jueves, el juzgado detalla que “no procede, en este momento, al no ser firmante de ninguno de los decretos” en los que se aprecian indicios delictivos

El alcalde de La laguna, José Alberto Díaz (Coalición Canaria). SERGIO MÉNDEZ

El Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna aún no ha decidido sobre la solicitud planteada por las acusaciones populares del caso Grúas para que el actual alcalde de la Ciudad de Los Adelantados, José Alberto Díaz Domínguez (Coalición Canaria), sea citado para declarar en condición de investigado (antes imputado).

En la providencia dictada con fecha del pasado jueves, y a la que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, la jueza titular de dicho juzgado expone textualmente que “respecto al escrito para que se oiga al alcalde, José Alberto Díaz, no procede en este momento resolver”.

La puntualización es importante dado que, en un principio, se creyó que simplemente había rechazado tal solicitud, cuando en realidad su decisión resulta consecuente respecto a lo declarado el pasado día 4 por el concejal y portavoz de CC en el Ayuntamiento de La Laguna, Antonio Pérez Godiño, quien desvió cualquier responsabilidad que pudiera pesar sobre él hacia el propio alcalde Díaz, quien en las fechas donde se firmaron los decretos que ahora se investigan era el concejal de Seguridad, área de la que dependen las grúas municipales.

Para una mejor comprensión hay que acudir al argumento dado por la jueza para no resolver por ahora si cita o no como imputado al alcalde. La frase reproducida textualmente añade que no decide aún “al no ser [el alcalde Díaz] el firmante de ninguno de los decretos”. Cabe recordar que la Audiencia provincial apreció indicios delictivos suficientes como para seguir investigando judicialmente en tres decretos del Ayuntamiento de La Laguna aprobados en 2014. Dos de ellos llevan la rúbrica del entonces alcalde y hoy presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el tercero lo firmó Pérez Godiño, quien declaró como investigado en sede judicial que, si lo hizo, fue porque sustituía al entonces concejal José Alberto Díaz, dado que este se encontraba de vacaciones (agosto de 2014).

Así, la jueza se atiene a lo señalado desde la Audiencia provincial, es decir, a los tres decretos, de quienes tendrán que responder sus directos responsables: los firmantes.

Como es sabido, la presencia de Fernando Clavijo, dada su condición de aforado, ya ha motivado una consulta del juzgado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), cuya Sala de lo Penal entiende, en conformidad con el argumento expresado desde la Fiscalía, que la jueza lagunera debe facilitar una “exposición razonada” de los indicios delictivos en cuestión, y no remitirse a repetir el fundamento jurídico cuarto del auto de la Audiencia, fechado el pasado 17 de octubre. Aunque dos providencias del TSJC ya citan como investigado (antes imputado) al propio Clavijo, lo cierto es que todavía no se ha decidido que el ahora presidente del Gobierno de Canarias sea citado a declarar como tal, como también es falso que el alto tribunal canario se haya desentendido del caso. Por si cupiera duda alguna sobre ello, en la providencia de la Sala de lo Penal del TSJC se especifica que “no procede la devolución de los testimonios de las actuaciones al referido Juzgado”.

Es el tercer decreto donde no están las cosas tan claras. Como quiera que lo firmó Pérez Godiño, ya ha tenido que declarar como investigado. Sin embargo, desde la acusación popular que impulsa el grupo municipal de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) se entiende que la responsabilidad recae realmente sobre el ahora alcalde, José Alberto Díaz, que sería inductor o cooperador necesario del acto jurídico en cuestión. Hay que recordar que el entonces concejal Díaz es quien propone al entonces alcalde Clavijo, mediante escrito oficial, que promulgase los decretos en los que se levantaron los reparos presentados por el interventor municipal, que entendía ilegal que se concediera un crédito de 120.000 euros y se prorrogara la concesión a la empresa que prestaba el servicio municipal de grúas.

La otra pata donde se aprecian los indicios delictivos detectados por la Audiencia provincial es en los vínculos personales existentes entre Clavijo y los siete empresarios que entonces controlaban la empresa de las grúas, y que tan beneficiada resultó del citado crédito como de la prórroga. Al menos cinco de ellos reconocieron tales vínculos en su declaración como testigos (están imputados en otro juzgado por el presunto saqueo de piezas en un depósito municipal lagunero), aunque de distinto nivel. Dos de ellos reconocieron que conocen a Clavijo desde los 12 y 15 años, respectivamente.

Todas las Navidades con la sombra puesta sobre Clavijo

Desde hace un año ya, DIARIO DE AVISOS informa del caso Grúas, ahora devenido en tema central de la política canaria ante la posible imputación del presidente regional, Fernando Clavijo. De momento, la duda seguirá hasta el año que viene, porque el 15 de enero ya está citado como testigo el interventor municipal.