El caso Grúas de La Laguna es una trama complicada cuyos orígenes se remontan al año 2003, cuando Fernando Clavijo era alcalde de Aguere. La oposición en ese consistorio denuncia supuesto trato de favor del Gobierno municipal a un conjunto de trabajadores que primero fueron ‘enchufados’ en la empresa Autogrúas Poli S.L.U., la prestataria del servicio municipal de grúas, y luego convertidos en propietarios, tras su asfixia económica, al dejar el Ayuntamiento de pagarle el canon mensual durante un año, para más tarde inyectarle 120.000 euros de dinero público y ser vendida por un euro a un empresario que apareció providencialmente haciéndose cargo de su deuda, de 750.000 euros, con una prórroga de la concesión del servicio municipal. Tanto el préstamo de los 120.000 euros como la prórroga del servicio se acordaron en contra del criterio de la Intervención General del Ayuntamiento.
Fernando Clavijo, José Alberto Díaz (actual alcalde lagunero), el actual portavoz de CC en el Consistorio, Antonio Pérez-Godiño (actualmente investigado judicialmente por este caso), así como otras voces dentro de la formación nacionalista, se defienden diciendo que se trata de “una denuncia política”. Sin embargo, las acusaciones se sustentan en 16 documentos que la justicia maneja desde el inicio.
Los principales hitos de este caso así como los 16 documentos que lo sustentan los puedes consultar aquí, en Canariasahora.com
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