caso grúas - La LAguna

Los técnicos desconocían los reparos de la Intervención y niegan haber decidido sobre el crédito y la prórroga

A la izquierda, los letrados de las acusaciones populares Sandra Rodríguez y Jesús González. | SERGIO MÉNDEZ

Alejandro Cordero y Antonio Vera, los dos técnicos municipales a los que se les encomendó la gestión de la concesionaria de las grúas laguneras durante el secuestro temporal de la misma por parte del Ayuntamiento, declararon ayer bajo juramento que no se les informó acerca de los reparos planteados desde la Intervención Municipal, tanto sobre la concesión de un crédito de 120.000 euros como respecto a la prórroga de dicho servicio.

Tal afirmación de los dos funcionarios contradice la versión ofrecida por el entonces alcalde y hoy presidente regional, Fernando Clavijo, quien en distintos medios de comunicación ha señalado a estos trabajadores como los responsables de ambas decisiones, y que fueron adoptadas en 2014 mediante dos decretos firmados por el propio Clavijo y un tercero que rubricó el concejal y portavoz de CC en La Laguna, Antonio Pérez Godiño.

Cordero fue el primero en testificar ayer ante el Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna. Desde un primer momento aseguró que coincidió entonces con Vera en que la concesionaria necesitaba una inyección económica, dado el quebranto económico provocado por siete empresarios vinculados personalmente con Clavijo.

Alejandro Cordero. | S. M.

A preguntas de la jueza Celia Blanco, el fiscal Jonay Socas, los abogados de las acciones populares impulsadas por XTF-NC y UNid@s se puede (Sandra Rodríguez y Jesús González Fortes, respectivamente) y la letrado que defiende al concejal de CC Antonio Pérez Godiño, Alejandro Cordero confirmó su escaso poder decisorio sobre los hechos ahora investigados, hasta el punto de reconocer que ni siquiera sabía cuáles eran sus funciones como uno de los dos interventores de la concesionaria. Tras recordar que era Antonio Vera quien se encargaba de los aspectos financieros de la empresa, Cordero desveló que prácticamente todas las decisiones eran consultadas por ambos con los responsables del área de Seguridad Ciudadana, especialmente con la responsable del área de Seguridad Ciudadana, Rosario del Carmen Hernández.

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Como Antonio Vera confirmó luego, ninguno de los dos funcionarios fue informado de los reparos que había interpuesto la Intervención Municipal al crédito de 120.000 euros. Si bien ambos coincidían en que la concesionaria necesitaba una inyección económica para evitar su quiebra, fue Vera quien declaró que nunca propusieron que fuera el Ayuntamiento el que aportara el dinero. Es más, Vera llegó a decir que “quizás se hubiera evitado este lío si se hubiese logrado una inyección con capital privado”.

intervenir y sanciones

Sobre por qué se optó desde el Ayuntamiento por intervenir (secuestrar en terminología jurídica) la concesionaria de las grúas en vez de rescatar el servicio ante los incumplimientos detectados en la misma, Antonio Vera explicó que “en la Junta de gobierno se acordó la intervención con el informe de todos los departamentos. Se barajaron muchas opciones como el rescate, el secuestro o la caducidad, es decir, todas las fórmulas jurídicas, para concluir que la intervención puntual era la mejor opción”, decisión en la que, aseguró, no participó el propio Vera.

Sin embargo, la opción del rescate estaba justificada ante los incumplimientos graves de las condiciones establecidas en el acuerdo entre el Ayuntamiento y la concesionaria. Tanto Alejandro Cordero como Antonio Vera respondieron ayer que informaron sobre los mismos, y que propusieron distintas sanciones por ello para la empresa.

Concretamente, Cordero explicó que remitió “un informe para penalizar a la entidad por el tema de las tarjetas [las grúas carecían de los preceptivos permisos de transporte]”, pero que nunca supo si finalmente hubo sanciones o no. Por su parte, Vera respondió sobre este asunto que en dicho informe “se recogían hechos que podrían constituir faltas muy graves, pero no se iniciaron los expedientes sancionadores correspondientes”. También fue Vera quien reconoció que “tales faltas graves podían ser sancionadas con la caducidad del contrato”.

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Antonio Pérez Godiño llegó ayer acompañado por el también edil de CC Juan Manuel Castañeda. SERGIO MÉNDEZ

La prórroga

Sobre la otra decisión municipal bajo sospecha, los dos funcionarios se manifestaron ayer partidarios de prorrogar el servicio. Lo interesante es que consideraban adecuada la misma “para conseguir reequilibrar el servicio”, aseguró Antonio Vera.

En distintas ocasiones, los dos técnicos vinculan dicha prórroga al crédito de 120.000 euros. Así, Alejandro Cordero considera que “era posible la prórroga si la entidad estuviese saneada”, mientras que su compañero liga ambas decisiones como partes de un mismo remedio al problema. Sea como fuere, los dos funcionarios negaron que la decisión de ampliar la concesión fuera suya, como tampoco se responsabilizaron de que la misma se extendiera por otros cinco años.

Todo fue mal en la empresa a partir de la marcha de José Padilla

Los dos funcionarios que fueron designados para gestionar la concesionaria de las grúas laguneras durante la intervención del servicio en 2014, Alejandro Cordero y Antonio Vera, manifestaron ayer que los problemas económicos de dicha empresa empezaron en 2011, justo cuando siete empresarios vinculados a Fernando Clavijo sustituyeron a José Padilla al frente de la misma. Cordero explicó que este fracaso de los amigos de Clavijo, cuyo resultado fue una deuda de más de 700.000 euros, se debió a que ninguno estaba capacitado para dirigir la concesionaria.

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