Piden la imputación del alcalde de La Laguna en el caso Grúas

Tanto la acusación popular que ejerce el grupo municipal de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) como la impulsada desde Unid@s se puede informaron ayer de sus respectivas solicitudes a la titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de la Ciudad de Los Adelantados para que cite como imputado (ahora investigado) al alcalde, José Alberto Díaz (CC). Precisamente, Díaz también fue noticia ayer al recurrir a su voto de calidad para que el pleno municipal designe como concejales no adscritos a Javier Abreu y Yeray Rodríguez, una decisión de dudosa legalidad al no ser firme aún la expulsión de ambos por el PSOE, lo que en todo caso siempre puede ser igualmente recurrido ante la Justicia ordinaria.

Respecto a la relevante novedad en el caso Grúas, las solicitudes de los citados grupos de la oposición son consecuencia directa de la reciente declaración judicial del también investigado Antonio Pérez Godiño (CC), quien el pasado día 4 señaló a José Alberto Díaz como el responsable de los hechos por los que se le involucran. No en balde, Coalición Canaria de La Laguna salió el pasado miércoles en defensa de Díaz y del ex alcalde y hoy presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, pero omitió añadir el nombre de Pérez Godiño a la lista de dirigentes de su partido supuestamente agraviados.

Cabe recordar que Pérez Godiño firmó uno de los tres decretos municipales donde la Audiencia provincial de Santa Cruz de Tenerife advierte indicios delictivos suficientes como para seguir con la investigación judicial del caso en nombre de José Alberto Díaz, entonces concejal de Seguridad, dado que este se encontraba de vacaciones (agosto de 2014). Los otros dos decretos llevan la rúbrica de Fernando Clavijo, por lo que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias es el competente a la hora de decidir si finalmente también es imputado, dado su aforamiento.

Además de recordar el dato ya expuesto de las vacaciones de Díaz, XTF-NC recordó ayer en un comunicado que fue el hoy alcalde quien propuso tanto el préstamo de 120.000 euros (4 de junio 2014), como la prórroga de la concesión (6 de agosto 2014), justo el objeto central de los tres polémicos decretos ahora investigados. También fue Díaz quien posteriormente solicitó el levantamiento de los reparos formulados por la Intervención General a estas dos propuestas (16 de junio de 2014 respecto a los reparos formulados al préstamo, y 25 de agosto de 2014 respecto a los reparos formulados a la prórroga), continúa la nota de XTF-NC. En su argumentario, el grupo que lidera Santiago Pérez añadió que también fue el propio José Alberto Díaz el responsable del encargo de un informe externo a catedráticos de la Universidad de La Laguna con el objetivo de “contrarrestar” los reparos del interventor municipal y “justificar” lo que se pretendía hacer, tal y como describió dicho informe externo en sede judicial Antonio Vera, uno de los técnicos municipales que es testigo del caso.

XTF-NC señala igualmente en su nota que la propuesta de José Alberto Díaz para conceder la prórroga iba en contra de lo aconsejado por los propios interventores del servicio, que en un informe de 8 de abril de 2014 declararon que procedía sancionar a la empresa con la caducidad de la concesión, el rescate del servicio y sacarlo nuevamente a concurso en función de lo dispuesto en el pliego de condiciones y en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (RSCL) al calificar sus actuaciones como “faltas muy graves y gravísimas”.

Maniobra

La otra noticia de calado llegó poco después de confirmarse las dos solicitudes para la imputación de José Alberto Díaz, pero el protagonista era el mismo, ya que el alcalde decidió con su voto de calidad el empate a 13 registrado en el pleno sobre si los concejales del PSOE Javier Abreu, Yeray Rodríguez y Zebenzuí González, debían pasar a la categoría de ediles no adscritos, lo que finalmente se aprobó. La decisión tiene importantes consecuencias, ya que frenan una posible moción de censura al restar esos tres votos del cómputo total, pero la gravedad de la misma radica en que la expulsión del PSOE de, al menos, Abreu y Rodríguez no es firme y, por si fuera poco, puede ser recurrida posteriormente ante la Justicia ordinaria.

“No nos van a someter”

Javier Abreu tomó la palabra en el Pleno tras la votación para afirmar que “es una decisión triste, pero no nos sorprende que una votación que afecta a derechos fundamentales, haya salido adelante con el voto de calidad del alcalde, respaldado por los concejales del PP, lo que viene a demostrar que La Laguna ha sido entregada por el PP a cambio de mantener otras instituciones”. “Nos presentamos a las elecciones con la ilusión, el empeño y las ganas de cambiar las cosas -continuó-, ese fue nuestro compromiso con los ciudadanos, y algunos lo han querido romper, secuestrar y apartar. Nos han ofrecido de todo, y queremos reiterar que hemos venido a servir al pueblo, no hemos aceptado ningún cargo, ni hemos salido corriendo por la puerta de atrás, ni nos vamos a entregar jamás a las manos de Coalición Canaria. Reiteramos que somos socialistas, lo seguiremos siendo y nadie nos va a impedir seguir hablando de La Laguna, desde este Salón de Plenos o fuera de él, con lealtad al municipio y a los valores y principios que nos han enseñado en el PSOE”, explicaron.

Por último, Abreu acusó al alcalde, José Alberto Díaz, de “no tener palabra. Hoy [por ayer] se ha salido usted con la suya. Si es necesario, tanto Yeray como yo nos iremos del Salón de Plenos con la cabeza bien alta porque usted, ni nos ha sometido ni nos va a someter. Si tenemos que entregar el acta para que usted abandone ese sillón que no se merece, lo haremos”.

Al mal tiempo por el desprecio de CC, buena cara

El portavoz local de CC en La Laguna, Juan Manuel Castañeda, no citó a Antonio Pérez Godiño cuando el pasado miércoles salió en defensa de José Alberto Díaz y Fernando Clavijo. Tal omisión no pasó desapercibida, pero, por lo visto ayer, no parece que Godiño se lo haya tomado mal. Al fin y al cabo, lo que dijo en el juzgado del caso Grúas es verdad: la responsabilidad del decreto que firmó es del hoy alcalde.