El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha restablecido un cierto sentido común en los procesos judiciales catalanes, ha atraído para sí la competencia y ha liberado a seis de los diez independentistas encarcelados, privándoles de este modo del principal fundamento de su recurrente victimismo. Porque, por una vez, Puigdemont tiene parte de razón cuando, en su enésima entrevista belga, ha señalado que unas elecciones con candidatos en la cárcel son insostenibles. Bueno, no son insostenibles, pero sí constituyen un problema añadido a una situación ya más que problemática. Pues bien, con motivo de estas excarcelaciones, se ha planteado una polémica sobre la veracidad de las declaraciones en sede judicial de los encarcelados, unas declaraciones que a algunos de ellos les han permitido acceder a la libertad, y que antes les permitieron eludir la cárcel a los miembros de la Mesa del Parlament.
Desde nuestro particular punto de vista, la polémica carece de contenido. A diferencia de los testigos, de los que se requiere el compromiso formal de decir la verdad y aportar al proceso un testimonio verdadero, cualquier encausado tiene derecho, junto a la presunción de inocencia, a la defensa. Y ese derecho a la defensa supone que tiene derecho a adoptar en sus declaraciones en sede judicial las estrategias de defensa que tenga por conveniente o que le aconsejen sus abogados. Y, con independencia de lo que solicite el Ministerio Fiscal, es el juez, y solo el juez, quien debe valorar la autenticidad o veracidad de estas declaraciones. Un juez que, en todo caso, siempre podrá decidir el retorno a la prisión de aquel liberado cuya conducta así lo exigiese.
Esta estrategia de defensa, que se ha llamado la vía Forcadell por la presidenta del Parlament, consiste, con diversas variantes y matices, en acatar el artículo constitucional 155; en renunciar a la unilateralidad y en afirmar que la Declaración Unilateral de Independencia -DUI- fue meramente simbólica y no comportó efectos ni políticos ni jurídicos.
Al margen de esta polémica, lo cierto es que los independentistas catalanes nos han decepcionado, y lo han hecho por dos motivos. El primero es el caos de declaraciones y afirmaciones contradictorias en que se encuentran embarcados. Se dicen y se contradicen unos a otros, y se enredan en continuos renuncios sobre la valoración de Europa o sobre la perversa acusación al Estado de haber amenazado con muertos en las calles. En este caso, por ejemplo, después de que Marta Rovira irresponsablemente la formulara, el diputado Joan Tardà confesaba sorprendido no saber nada del asunto. El segundo motivo de decepción es su reconocimiento de que, en contra de sus afirmaciones, habían minusvalorado la reacción del Estado y ni estaban preparados para implementar la República ni tenían organizadas estructuras estatales. Los votantes independentistas deberían preguntarse en manos de quién están.
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