El acuerdo del pleno del Tribunal Constitucional (TC) que echa abajo la principal normativa sobre antitransfuguismo abre nuevas expectativas de cara a la posibilidad de que fragüe un cambio de gobierno en el consistorio lagunero, dado que con este fallo los ediles Javier Abreu y Yeray Rodríguez, expulsados del PSOE, podrían sumar para formar una mayoría alternativa a la que preside el alcalde de Coalición Canaria, José Alberto Díaz, en igual de condiciones que el resto de los miembros del pleno a pesar de su condición de no adscritos.
“Ya no hay excusas” para que el máximo dirigente del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, autorice materializar la resolución alcanzada en el último congreso de los socialistas tinerfeños en favor de promover la moción de censura en La Laguna, según el concejal de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC), Santiago Pérez, en declaraciones a DIARIO DE AVISOS. El también profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna aclara que esta decisión del TC “expulsa” la regulación antitránsfugas del ordenamiento jurídico y es, además, “de aplicación inmediata”.
Tal y como adelantó ayer el periódico El Español, el acuerdo del Constitucional tumba “la principal medida contra los tránsfugas políticos incluida en la reforma electoral promovida por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en 2011, por la que se elevó el quórum necesario para poder tramitar una moción de censura contra un alcalde cuando la iniciativa es apoyada por concejales que han dejado de pertenecer al grupo municipal por el que fueron elegidos”.
La raíz de este fallo está en Tacoronte, donde en 2013, la moción de censura presentada por el PSOE y el PP contra el alcalde de CC, Álvaro Dávila, fue abortada por el juzgado de lo contencioso – administrativo, dado que los ediles socialistas habían sido expulsados del partido por ir en contra del pacto que existía entre PSOE y CC.
Un año después, según informa El Español, la sala de lo contencioso – administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias planteó al Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad al considerar que el incremento de la mayoría requerida para tramitar una moción de censura convertía en irrelevante el apoyo a la misma por parte de los concejales que hubieran dejado su grupo, privándoles de una función esencial de su cargo representativo como es el control de la actuación del gobierno.
Álvaro Dávila, por su parte, recurrió alegando que la moción no debió tramitarse porque incumplía la Ley 2/2011 en cuanto al quórum. A su juicio, la moción debía haber llevado 16 firmas: las 11 equivalentes a la mayoría absoluta de Tacoronte más cinco correspondientes al número de ediles tránsfugas.
El criterio del alcalde, apoyado ante el Constitucional por la Abogacía del Estado y la Fiscalía, que pidieron la desestimación de la cuestión de inconstitucionalidad, no prosperó, una vez alcanzado el acuerdo que declara “contrario al artículo 23 de la Constitución la medida contra el transfuguismo que fue incluida en la ley electoral”, tal y como recoge el citado medio de comunicación digital.
El Constitucional considera legítimo el propósito de actuar contra el transfuguismo pero afirma que las medidas que se adopten no pueden afectar a la garantía de igualdad en el ejercicio de una facultad que pertenece al núcleo de la función representativa: exigir responsabilidades al alcalde y removerlo de su cargo.
Aunque esta resolución no tiene carácter retroactivo, representa, a juicio de Santiago Pérez, “una restitución moral para los concejales de Tacoronte y un reproche en toda la cara de la ejecutiva del PSOE de José Miguel Pérez, que para mantener el pacto con CC expulsó a los concejales y a los consejeros de La Palma”.
Santiago Pérez ha sido una de las voces más críticas contra las consecuencias de esa normativa y ya en 2013 publicó dos artículos que iban en la misma línea de argumentación del Constitucional, en el marco del debate que se abrió en Canarias por las mociones de censura de Tacoronte y el Cabildo de La Palma. Esta última sí prosperó entre socialistas y populares gracias a que los consejeros no recibieron en plazo la notificación de expulsión del PSOE -partido al que luego se reintegraron y entre cuyos afectados se encontraba el actual secretario de organización, Jorge González -.
El veterano político lagunero sostiene que con este fallo “el Constitucional vuelve a quitar por segunda vez de las manos de la cúpula de los partidos el embridaje de las instituciones”, ya que junto a esta resolución, en 1983 ya había establecido en una sentencia que “el derecho fundamental de participación política no corresponde a los partidos, sino que el titular fundamental es el cargo electo representativo y la ciudadanía a la que representa”.
El fallo de 1983 iba contra la norma que contenía la primera ley de convocatoria de las elecciones locales de 1979, que establecía que si algún concejal dejaba de pertenecer al partido por el que se presentó, perdía el cargo. En 2011, según Pérez, las cúpulas de los grandes partidos “volvieron a las andadas” cuando acordaron la regulación antitránsfugas. “Todo el mundo sabe que esas cúpulas tienden más a expulsar al díscolo que al corrupto”, apostilló.
Argumenta que cuando los partidos imponen los pactos en cascada están “pervirtiendo la autonomía territorial”y sostiene que “esta legislación antitransfuguismo es una perversión de la autonomía local”, debido a la capacidad que tenían los partidos para frenar una moción de censura mediante la expulsión de sus concejales, lo que altera el meollo de la labor de control de la oposición, que es la capacidad de pedir responsabilidad política mediante la moción de censura.
El concejal asegura que en La Laguna los resultados electorales “gritaron un cambio”, que, además, “podía tener una formulación progresista”. Una mayoría de progreso que no se había dado en La Laguna desde 1983. “Quien estaba en el gobierno pasó de tener 13 a 7 concejales, que es más difícil que subir de 7 a 14 estando en la oposición. Eso es una moción de censura en toda regla a los gobernantes”, apostilló.
Santiago Pérez sostiene que “Clavijo pactó con Patricia Hernández para conseguir retener La Laguna, porque si lo hacía con el PP la perdían”. Además se muestra muy crítico con la primer teniente de alcalde del PSOE, Mónica Martín, a quien acusa de “precipitar” esta semana una estrategia para que tanto Abreu como Rodríguez sean no adscritos, con la “complicidad de CC”. “Una maniobra forzada que va contra la línea de flotación de la resolución del PSOE de Tenerife sobre La Laguna y que se viene abajo con esta sentencia”, concluyó.
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