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Trabajadoras de ayuda a domicilio se unen para reclamar sus derechos

La primera reunión de la plataforma tuvo lugar a finales del pasado mes de octubre en la capital tinerfeña. FRAN PALLERO

Reclamar sus derechos laborales y que se profesionalice el sector son dos de las principales demandas que han motivado que un grupo de trabajadoras de ayuda a domicilio de las Islas se unan para crear una plataforma que unifique a todas las empleadas en este ámbito, que en Canarias puede alcanzar una cifra de en torno a 500 o 600 personas, según las estimaciones. Al respecto, María del Carmen Rodríguez, portavoz de la citada entidad creada el pasado mes de octubre, explicó a DIARIO DE AVISOS que este empleo, ocupado principalmente por mujeres, tenderá a ir en aumento en los próximos años, motivado por el envejecimiento de la población, por lo que, insistió, es necesario regularlo.

La Plataforma Canaria de Trabajadores de Ayuda a Domicilio ha denunciado que con la implantación de la ley de dependencia se ha generado la externalización de estos servicios de atención al usuario, que antes pertenecían a organismo públicos, lo que ha provocado “la precariedad de los empleados y un alto detrimento de la calidad asistencial, tanto para los profesionales como para los usuarios”.

Rodríguez resaltó que esta entidad de reciente creación es la primera de este tipo que se funda en el Archipiélago, pero otras regiones, como Valencia o Asturias, ya cuentan con plataformas similares. Insistió en que, de momento, el colectivo ha nacido tímidamente, sobre todo, con empleadas de la capital, pero se están reuniendo para ir sumando más empleadas de ayuda a domicilio y conocer la situación en otras islas.

La portavoz del colectivo afirmó que solo en la capital tinerfeña se estima que puede haber unas 200 personas, pero si se habla de toda Canarias la cifra podría alcanzar cerca de los 600 trabajadores. Entre los objetivos de esta plataforma se halla garantizar los derechos laborales, en aquellos casos en los que se externalicen de las administraciones públicas los servicios de asistencia a domicilio. Además, reiteró la necesidad de profesionalizar esta labor y que la formación sea reglada y reconocida en el resto de Europa.

Según explicó María del Carmen Rodríguez, en estos momentos hay algunas trabajadoras que han elevado a los tribunales de justicia su situación para buscar soluciones, a lo que se suman, al menos, otros 15 o 20 casos más, con el fin de que se garanticen los derechos laborales, entre ellos el sueldo, ya que, como denunció Rodríguez, mientras que la hora está cuantificada oficialmente en 7,68 euros, se están abonando solo algo más de seis euros. Por último, puso de relieve que el colectivo se ve afectado también desde el punto de vista de la salud, y las enfermedades derivadas de ello no están reconocidas como tales.

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