Casi les dieron ayer las uvas a sus señorías en el definitivo y largo debate de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2018. Sin sorpresas de amigo invisible, el conjunto del texto articulado fue aprobado en la sesión matutina (desde el mediodía) por 33 votos a favor (CC-PNC, PP y ASG) y 26 en contra (PSOE, Podemos y Nueva Canarias). El “tripartito” sacó adelante el proyecto de ley con el rechazo de la triple oposición. Precisamente, esa unión temporal de intereses inspiró a los representantes de NC, Podemos y el Grupo Socialista en sus intervenciones de fijación de posición. Por alusiones, los de ASG, el PP y CC-PNC se defendieron como gatos panza arriba.
El nacionalista José Miguel Ruano (CC-PNC) devolvió el favor al PP y ASG: “Los relatos de los portavoces del Partido Popular y de Agrupación Socialista Gomera son más fieles al desarrollo del trabajo realizado durante la tramitación que algunas de las cosas que se han dicho por parte de los otros grupos, que se corresponden más al debate iniciado en noviembre, cuando las enmiendas a la totalidad. Entonces dijimos que el Presupuesto es la política en cifras: que la elaboración y la ejecución corresponde al Gobierno y que al Parlamento le compete la aprobación y el control a lo largo de 2018”.
En el discurso de Ruano no faltaron las palabras de agradecimiento a diestra y siniestra. “No hay un tripartito”, puntualizó. “El PP se ha comprometido con la estabilidad en esta materia. Lo que anunció en el debate sobre el estado de la nacionalidad [de política general] se cumple satisfactoriamente con el apoyo a este Presupuesto. Igual que ASG, con una importante singularidad: a pesar de que [los tres diputados] proceden de una isla pequeña, su grupo también sabe defender los intereses de toda Canarias. Lo hace con muchas de las políticas que contiene el Presupuesto proyectado. Y algunos los han acusado injustamente”.
Casimiro Curbelo concretó cinco razones para el apoyo de ASG: “Es el Presupuesto de las personas; una política fiscal más humana; una capacidad de esfuerzo para diversificar la economía; la solidaridad y la igualdad de los canarios a través de una inversión territorializada y equilibrada, y la cohesión social”.
El presidente del Cabildo de La Gomera se tomó con humor lo del tripartito: “Vamos a buscar un cuatripartito. Necesitamos que otro partido se acerque un poquito más. Desde ASG hemos hecho un ejercicio de responsabilidad por el carácter social de los Presupuestos. No ha habido pactos previos, sino que hemos trabajado con una visión regional de la política. Como ha expuesto Luis Campos [NC], ha habido una mayor generosidad y sensibilidad por parte del Gobierno. Pues diálogo constructivo es lo que nosotros hemos practicado”. Curbelo se mostró convencido de que los Presupuestos contribuirán a revertir los desequilibrios en Canarias.
José Tomás Estalella basó el respaldo del PP en tres premisas fundamentales: “Mejoras en los servicios públicos esenciales y el gasto social; ayuda directa a los sectores productivos, y el primer programa de alivio fiscal desde que estalló la crisis, que supondrá un ahorro de 124 millones de euros para la economía familiar y los emprendedores”. Recalcó que la expresión del tripartito no se corresponde con la realidad: “De ser así, en estos Presupuestos sería más reconocible el sello del PP. Están elaborados por Coalición Canaria, que determinó el destino del dinero y el tamaño de las partidas, no por el PP. Y eso, señor [Iñaki] Lavandera [PSOE], tampoco es un cheque en blanco del PP al Gobierno”. Mirando a Campos, aclaró: “No somos socios de Coalición Canaria, de la misma manera que Nueva Canarias no lo es del Gobierno de Mariano Rajoy por aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2017”. Pueden ser “unas buenas cuentas para Canarias”, afirmó, “si se ejecutan y gestionan con eficacia”. De ahí que el PP haya procurado “garantizar el acceso a la nueva financiación aportada” por la Administración General del Estado.
La sesión de ayer culmina un proceso que se remonta a julio de 2017, cuando la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, adelantó que los Presupuestos serían “los más expansivos” del mandato de Fernando Clavijo, “en un contexto de crecimiento económico”. En agosto, José Estalella avisó: “La mejora de la financiación y el superávit recaudatorio ya no justifican la rapiña fiscal” y condicionó el aval del PP a una rebaja del IGIC. Diseñado el marco presupuestario, el Ejecutivo emprendió una ronda de contactos aplaudida por las fuerzas políticas, cuyo entusiasmo fue variando a medida que se iban conociendo detalles. En septiembre, Asier Antona reivindicó que los Presupuestos llevaran el ADN del PP. El 26 de octubre, Antona anunció el principio de acuerdo que se firmaría al día siguiente. El 30 de octubre, el Consejo de Gobierno empaquetó un proyecto que recogía un incremento del 12,9% (938 millones de euros), hasta los 8.239 millones: 5.008 millones para los servicios públicos esenciales (439,7 millones más que en 2017), con subidas significativas en sanidad (231,7 millones), educación (100,4 millones) y políticas sociales (99,5 millones). Se observa, además, un crecimiento de la inversión en el 45% (318,2 millones); el endeudamiento desciende en 258 millones y, entre otros aspectos, consigna una partida de 4,5 millones para reforzar la lucha contra el fraude fiscal. Esas cifras fueron matizadas y relativizadas por la oposición.
En el pleno de las propuestas de devolución de Podemos y NC, ante las que se abstuvo el PSOE, la consejera de Hacienda aseveró que el Presupuesto era “el resultado de una actuación desprendida, humilde, concienzuda y responsable” de los partidos políticos. Esa idea ha acompañado a Dávila en el recorrido de las terceras cuentas de la novena legislatura.
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