caso grúas - La LAguna

Clavijo y Díaz firmaron 17 de los 24 levantamientos de reparos en los contratos denunciados

Un documento adjunto a la macrodenuncia presentada por Santiago Pérez (XTF-NC), por supuestas adjudicaciones ilegales de servicios municipales entre 2015 y 2017, señala al ahora presidente y al hoy alcalde como responsables de la presunta prevaricación

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, ambos de Coalición Canaria. DA

El que fuera alcalde de La Laguna y hoy es presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y su sucesor al frente del Ayuntamiento de la Ciudad de los Adelantados, José Alberto Díaz, ambos de Coalición Canaria (CC), firmaron 17 de los 24 levantamientos de reparos de legalidad interpuestos por la Intervención Municipal, denunciados ante la Justicia por la presunta comisión de otros tantos delitos de prevaricación administrativa.

Así consta en el primero de la larga serie de documentos adjuntados a la macrodenuncia presentada en la mañana del pasado jueves por el portavoz del Grupo Municipal Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC), Santiago Pérez, y a la que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS. En la misma se detallan los responsables municipales que, en el período comprendido entre marzo de 2015 y febrero de 2017, rubricaron el levantamiento de los reparos expuestos por el interventor lagunero, Gerardo Armas Davara, quien advirtió en los 24 expedientes sobre la supuesta ilegalidad del proceder municipal.

En concreto, Fernando Clavijo firma tres de los levantamientos de reparos en decretos promulgados el 23 de abril de 2015, y el 11 y el 13 de mayo del mismo año. Estas órdenes municipales están catalogadas con los números 533/2015, 661/2015 y 674/2015.

Respecto a los de Díaz, su rúbrica aparece en 14 de los casos, el primero con fecha del 13 de agosto de 2015 y el último publicado el 17 de noviembre de 2016.

En cuanto al resto, algunos están firmados por el concejal de Deportes en su calidad de responsable del Organismo Autónomo de Deportes, y en el resto de casos no consta quién levantó los reparos, ni siquiera a la propia Intervención Municipal de La Laguna, siempre según los datos contenidos en la denuncia presentada.

Adjudicaciones

Como adelantó ayer este periódico, la denuncia considera que se trata de 24 adjudicaciones ilegales en otros tantos contratos municipales de La Laguna, que o bien se prorrogaron con carácter retroactivo, o simplemente se autorizó la continuidad de los mismos a pesar de que ya se habían extinguido legalmente.
De la gravedad de este nuevo caso, que ensombrece aún más si cabe la gestión municipal lagunera de los últimos años, da buena cuenta el dato de que, según la demanda, el dinero desembolsado desde las arcas municipales a través del procedimiento descrito supera los 18 millones de euros, concretamente 18.134.406,2 euros. El negocio completo, o sea, el importe original de estos contratos, es de 45.723.133,82 euros.

Dos datos que ilustran el llamado caso Reparos. En uno de los procedimientos ahora bajo sospecha se trata de un servicio contratado como menor, es decir, sin concurso, al ser inferior a 18.000 euros. Gracias a estas polémicas prórrogas o autorizaciones de continuidad que practica el Ayuntamiento de La Laguna, la empresa en cuestión ya ha cobrado 156.288 euros, multiplicando abrumadoramente el límite legal citado.

La otra circunstancia llamativa es la presencia de otro contrato que supera los tres millones de euros anuales y al que también se le aplicó la presunta prórroga ilegal que ahora ha sido denunciada.

Impacto por una información que abunda en los líos de La Laguna

La información de DIARIO DE AVISOS sobre la macrodenuncia presentada el pasado jueves por Santiago Pérez causó ayer notable impacto en la sociedad canaria en general y, claro está, en la tinerfeña en particular. Lo más llamativo es que, una vez más, es el Ayuntamiento de La Laguna el que se ve involucrado en un caso de presunta corrupción, aunque ahora es tiempo de que la Justicia analice la documentación presentada en el juzgado y, si como sostiene la Intervención municipal, se ha vulnerado la legislación vigente.