Gestionar el urbanismo

Hace más de un año manifestaba Santiago Puig, promotor de Las Américas, que sobre su obra se estaba produciendo un “atentado urbanístico en toda regla”. Lo curioso es ver los papeles cambiados, porque quien producía el atentado era la propia Administración pública, desarrollando los Planes de Modernización y Mejora de Las Américas y Los Cristianos. En estos días vemos que el Gobierno de Canarias retira estos planes, ante el rechazo de los grupos municipales en el Pleno de Arona, con CC abstenida, y con los empresarios a favor del Ayuntamiento.

Hace más de un año, en octubre de 2016 y desde esta columna, señalábamos los defectos de los Planes de Modernización, tanto por incumplir los objetivos de la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias, como por el desatinado desarrollo propuesto, ajeno a las obligaciones legales de la legislación del suelo básica y de Canarias. Para no perdernos en tecnicismos, el Plan de Modernización y Mejora de Las Américas producía un incremento de edificabilidad sobre el plan vigente del 60%, una sistemática elevación de alturas y unos cambios de uso que en lugar de cualificar, como obliga la ley y el destino turístico, lo degradan. Valga referir la propuesta de reconversión de la parcela deportiva existente, en un gran espacio de ocio, multiplicando por 100 su actual edificabilidad. Cuando es uno de los pocos espacios para recualificar Las Américas, mejorando dotaciones y servicios de un tejido urbano muy deficitario. Los Planes de Modernización y Mejora anulados estaban abocados a un largo recorrido de litigiosidad en los juzgados, dadas sus incongruencias técnicas y jurídicas. No parece razonable que un municipio como Arona, con más de 100 millones de euros de presupuesto y más de 130.000 habitantes de hecho, con sus turistas, no asuma su PGO. Quien quiera libertad paga con responsabilidad.

Asistimos a una creciente litigiosidad urbanística y territorial, que, por dar ejemplos, además de los Planes de Modernización y Mejora del Sur turístico, le sumamos el conflicto de los 500 edificios con protección patrimonial que el Cabildo descubre, al margen del PGO de Santa Cruz. El lío diario de la gestión de carreteras, donde Gobierno y Cabildo no acaban de resolver. El problema de los vertidos y el ciclo integral del agua. La vivienda pública no atendida desde el año 2000. Los hospitales del Norte y Sur, sin acabar. Canarias carece, por encima de sus marcos normativos imposibles, de una estrategia política definida y de un plan de acción con recursos, para ejecutar con prioridades. Seguimos sin ser capaces de situar el papel de cada Administración, que, en lugar de hacer lo propio, invaden la función de los otros, con los malos resultados ya vistos. La sostenibilidad exige que esta sea económica, social, ambiental y cultural. Cualquier plan debe atender los problemas de vivienda, empleo, accesibilidad y seguridad. Ofrecer oportunidades transparentes. Plantear una comunicación eficaz de sus políticas públicas. Atender la liberalización de servicios, la subsidiaridad y la integración del medioambiente.

Desarrollar relaciones horizontales y no verticales.

Ello obliga a un cambio de cultura de colaboración política. Que pasa por sustraer los conflictos políticos, obligándose a resolver los problemas del ciudadano y de las empresas. Reduciendo el peso relativo de todas las Administraciones públicas y sus impuestos, reforzando el papel de los municipios, como en Europa. Incorporarnos en la actual estrategia europea para las RUP, que apuesta por un “crecimiento inteligente, sostenible e integrador”.
De eso hablaremos otro día.