CASO GRÚAS - LA LAGUNA

Hoy declara el interventor municipal lagunero, testigo clave en el caso Grúas

Gerardo Armas puso reparos de legalidad a los tres decretos, dos de ellos firmados por Clavijo, donde se aprecian indicios delictivos

JUZGADOS LA LAGUNA
La comparecencia tendrá lugar en los juzgados laguneros. Fran Pallero

A las nueve y media de la mañana de hoy está citado para que declare como testigo en el Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna el interventor municipal, Gerardo Armas Davara, cuyo testimonio es considerado como clave en el llamado caso Grúas.

Ello se debe a que fue Armas quien puso reparos a tres decretos finalmente aprobados en 2014 por la Corporación de la Ciudad de Los Adelantados. Aunque Armas no consideraba legales el contenido de los mismos, sus reparos fueron obviados por el entonces alcalde y hoy presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en dos de los decretos, y por el concejal y portavoz de CC municipal Antonio Pérez Godiño.

En honor a la Justicia, la rúbrica de Pérez Godiño simplemente obedece a que el responsable del área de Seguridad por aquellas fechas, el ahora alcalde José Alberto Díaz, se encontraba de vacaciones, pero ello no ha sido óbice a que este histórico concejal lagunero haya tenido que declarar en condición de investigado en el citado juzgado.

Por lo que respecta a Fernando Clavijo, en providencias del Tribunal Superior de Justicia ya se le cataloga como investigado (lo que antes se llamaba imputado), si bien el alto tribunal canario aún no ha decidido si se encarga del procedimiento o no, a lo que le obligaría la condición de aforado del hoy presidente regional.

En cuanto a José Alberto Díaz, la magistrada titular del juzgado lagunero que sigue instruyendo por ahora esta causa considera que aún no es el momento procesal para que decida si, finalmente, debe citarlo como imputado. Fue la Audiencia provincial de Santa Cruz de Tenerife la que apreció indicios delictivos suficientes como para continuar la investigación sobre los tres decretos aludidos, concretamente sobre delitos tales como prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.

En esos tres decretos se adoptaron dos decisiones que constituyen el núcleo duro de la actual investigación judicial.

Una de ellas es la concesión de un préstamo de 120.000 euros a la concesionaria del servicio municipal lagunero de grúas, por entonces controlado por siete empresarios quienes, cinco de los cuales, han reconocido en sede judicial algún tipo de vínculo personal con el entonces alcalde Fernando Clavijo. La segunda decisión fue prorrogar la concesión del servicio a dicha empresa. En ambos casos, el interventor municipal consideró en su día que los dos actos administrativos contravenían la legalidad vigente.

Además, el caso Grúas también se investiga en otro juzgado, el Número 4 de La Laguna, por el presunto saqueo de piezas en los vehículos retirados por las grúas y que se custodiaban en un depósito municipal. En este sumario figuran como investigados los siete empresarios aludidos anteriormente.