CASO GRÚAS - LA LAGUNA

El interventor se reafirma en la presunta ilegalidad de los decretos que firmó Clavijo en favor de empresarios ‘afines’

Armas confirma que se cedió dinero público a la concesionaria sin fijar la duración del préstamo ni qué pasaría en caso de no devolverse, y que se prorrogó la concesión a pesar de los incumplimientos graves

El interventor alertó a Fernando Clavijo y José Alberto Díaz de sus dudas sobre la legalidad de los decretos que, aun así, se firmaron en 2014. DA

El interventor municipal del Ayuntamiento de La Laguna, Gerardo Armas Davara, se reafirmó ayer en la presunta ilegalidad de los decretos firmados en 2014 por la Corporación de la Ciudad de los Adelantados, unos reparos que fueron levantados por el entonces alcalde y hoy presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quien firmó dos de los tres decretos en los que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife advierte indicios suficientes como para continuar con la investigación judicial del llamado caso Grúas.

Armas confirmó, en una declaración como testigo prestada durante la mañana de ayer durante casi cuatro horas ante el Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna, que el objetivo de tales decretos eran el préstamo de 120.000 euros a la concesionaria, controlada entonces por empresarios afines al propio Clavijo, así como la prórroga de la concesión a dicha empresa. En ambos casos, el interventor municipal, que es el garante de la legalidad en toda decisión del Ayuntamiento que implique un desembolso económico, sostiene que no se ajustaron a la normativa vigente.

En el primero de los casos, el del préstamo de 120.000 euros, Armas se reafirma en que se prestaron fondos públicos sin que se determinasen garantías concretas para su devolución ni se fijasen los preceptivos plazos para la duración del mismo. Por lo que respecta a la prórroga, hace constar la notable relación de incumplimientos graves de las condiciones del pliego de contratación, sin que (al no ser su función) entre a valorar si (como se desprende de la normativa estatal, según las acusaciones particulares) ello obligaba a recuperar el servicio por parte del Ayuntamiento o, simplemente, intervenirlo, como finalmente se llevó a cabo.

El anticipo fallido

Lo que luego acabó siendo un préstamo de 120.000 euros, en principio se planteó como un anticipo, pero fueron tantos los reparos sobre legalidad que planteó la Intervención, que los responsables municipales de entonces (Clavijo como alcalde y Díaz como concejal de Seguridad) tuvieron que rectificar y convertirlo en un préstamo, no sin antes recurrir a dos catedráticos de la Universidad de La Laguna, Francisco Villar y Francisco Clavijo, a los que se contrató ad hoc. Es decir, como describió el técnico municipal Antonio Vera bajo juramento, para “contrarrestar” los reparos de la Intervención y “justificar” el levantamiento de los mismos.

Armas Davara recordó ayer que la primera propuesta, la del anticipo, “carecía de cobertura legal porque carecía de incoación por parte del órgano municipal”, que “no constaba tercero con CIF al cual verificar el pago” y que el hecho de que “la incautación de la garantía para el caso de que la certificación no fuera suficiente para cubrir el importe del anticipo“ resultaba “contrario a la norma de aplicación”. Finalmente, los considerables esfuerzos realizados por inyectar dinero a la empresa que se había arruinado desde que se hicieron cargo de ella, a finales de 2011, los empresarios afines a Clavijo, condujeron al Ayuntamiento de La Laguna a proponer que se les facilitara los 120.000 euros como un préstamo, pero, a juicio de la Intervención municipal, las dudas sobre la legalidad del mismo permanecieron.

Así, Armas recalcó ayer que, sobre todo, no cabe la concesión de un préstamo porque la empresa está secuestrada o intervenida, y que en tal caso no se prevé “ni en la normativa contable ni en la presupuestaria”, como tampoco se recoge el supuesto en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

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Especialmente llamativas resultaron las palabras del interventor cuando explicó que “no se señalaba la duración”, así como que “tampoco se señalaban las condiciones cuyo incumplimiento determinaría la ejecución de la garantía”.

Por hablar claro, se prestaron 120.000 euros sin poner fecha de devolución ni acordar qué pasaría si no se devolvía, unas condiciones que se antojan más propias de un favor entre particulares que las propias de cuando se trata del dinero de los vecinos. Respecto a la garantía de la devolución del préstamo, Armas también tiene sus reparos, por cuanto realizó una objeción a la garantía de devolución, ya que “se preveía en la propuesta que la fianza constituida por el adjudicatario, con carácter previo a la formalización del contrato de concesión de servicio, quedaba afecta ahora a la restitución del préstamo en concepto de garantía del mismo”. O sea, se situó como garantía del préstamo la establecida por el contrato, pero, como recordó Armas, “ese afianzamiento no procedía, porque la garantía debía responder de las obligaciones y penalidades derivadas del contrato”, no la prestación de una fianza.

Prórroga, aun así

También sobre la polémica extensión de la concesión se mantiene firme el interventor municipal respecto a los reparos que planteó en su día, y que especialmente versan sobre los incumplimientos graves de las condiciones previstas en la concesión, tales como “impago de la Seguridad Social o no haber presentado las declaraciones del IGIC”, a los que se añaden el impago sistemático de nóminas a empleados o el impago del Impuesto de Sociedades, por no hablar de que las grúas carecían de la preceptiva tarjeta de transporte, tal y como alertó el propio Cabildo de Tenerife. El interventor aclaró que no era su función determinar si ello forzaba a recuperar el servicio o a proceder a su intervención o secuestro, como finalmente ocurrió.

También explicó Armas que mantuvo un reparo de carácter formal al entender que el preceptivo “informe con propuesta de resolución” se realizó previamente a la emisión del documento contable, por lo que resultaba “extemporánea”.

El caso Grúas versa sobre la presunta comisión de los delitos de prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias, así como que ahora la jueza decidirá si llama a declarar a nuevos testigos, imputa o no a José Alberto Díaz o remite ya una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Canarias para que decida sobre la posible imputación de Fernando Clavijo.

“La primera vez en mi vida que se acude a expertos ajenos”

El interventor municipal lagunero testificó ayer que “es la primera vez en mi vida profesional que se acude a informes de catedráticos, en concreto, para resolver cualquier discrepancia”. Gerardo Armas también ratificó que, “a la vista de los reparos, la discrepancia fue levantada por el alcalde”, el hoy presidente regional Fernando Clavijo. En resumen, que a su juicio lo ocurrido en el caso Grúas “es excepcional” y que “no lo había visto en ninguno de los ayuntamientos en los que he estado” n