Los agricultores exigen la verificación en la venta de aguacates

Los agricultores del subsector del aguacate en la Isla lo tienen claro. Sin el trabajo serio y riguroso de los almacenes que reciben y comercializan la fruta, con una verificación de la procedencia y el abandono de prácticas como la emisión de cheques al portador por la venta de la producción, no será posible combatir los robos que vienen padeciendo. Esta semana han constituido la Asociación de Productores de Aguacates de La Palma, que surge como organización independiente y de ámbito insular, abierta a cuantos agricultores productores de aguacates deseen pertenecer a la misma.

Mientras en municipios como Puntagorda los agricultores se han llegado a organizar para constituir patrullas de vigilancia nocturna en períodos en los que puede resultar más previsible el robo, y con la inversión por parte de otros muchos en medidas de seguridad como vallado y hasta compra de perros para la vigilancia de las fincas, un numeroso grupo se reunía esta misma semana en Los Llanos de Aridane para analizar la situación e iniciar la organización de la organización de productores que constituirán.

Tratarán de lograr una interlocución directa con las administraciones públicas, tanto con las consejerías de Agricultura en el ámbito insular y regional como con la Dirección Insular de la Administración del Estado, cuyo responsable, Miguel Ángel Morcuende, ha mostrado una alta sensibilidad con el problema.  Más allá de la vigilancia, los agricultores insisten en la recepción de la fruta en los puntos de venta, y estiman que si las prácticas actuales continúan, será muy complejo poner fin a un problema que, más allá de mermar sustancialmente las rentas de los agricultores, puede llegar a modificar, para evitar los robos, a la gestión de la cosecha del producto.

Los afectados esperan el cumplimiento estricto de los compromiosos adquiridos desde el pasado mes de septiembre de 2017, por parte de la Dirección General de Agricultura y el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), tendente a inspeccionar los almacenes y función de los operadores de frutas para controlar la trazabilidad y evitar, si así fuera, que el producto robado llegue a la cadena de distribución alimentaria, un hecho que en los últimos años han denunciado en reiteradas ocasiones los agricultores.