Los perjudicados por el hundimiento del Banco Popular y su simbólica venta al Santander por un euro tendrán en la masiva retirada de fondos realizada por administraciones como el Gobierno de Canarias o la Seguridad Social, que tuvo lugar justo una semana antes de liquidar la entidad y que se elevó por encima de los 2.900 millones de euros, una pieza clave para articular sus demandas. Así lo entiende el especialista en reclamaciones bancarias Carlos Gómez (Sirvent&Granados), para quien “tanto el informe de Deloitte sobre las cuentas del Banco Popular como estas retiradas de fondos supondrán, sin duda, dos de los principales argumentos para sustentar las reclamaciones”.
En declaraciones a DIARIO DE AVISOS, este letrado tinerfeño, que representa legalmente a decenas de afectados por este caso, explica que hay dos tipos de perjudicados: “Por una parte están los accionistas que acudieron a la última ampliación de capital, de la que hay pruebas suficientes como para reclamar por la información falsa que se dio del Banco Popular, en un procedimiento que se asemeja a lo sucedido con la salida a Bolsa de Bankia. Pero luego están los accionistas de siempre -continúa Carlos Gómez-, y aquí es donde son fundamentales tanto el informe de Deloitte como la retirada de fondos”. Sobre los 608 millones de euros sacados por el Gobierno de Canarias dos días antes, al igual que otras administraciones y empresas públicas, “ya contamos con los informes internos del Popular y, ahora, con el trabajo de investigación de José García Abad, que cuenta hoy [ayer para el lector] DIARIO DE AVISOS”, destaca el abogado. En cuanto al informe de Deloitte, “parece claro que la Justicia europea forzará a Bruselas a que desvele su contenido, por lo que confiamos en que pronto podremos empezar a presentar demandas”.
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