Más de un centenar de personas acudieron ayer al primer encuentro dirigido a analizar la situación actual tras el reciente Pacto de Estado contra la Violencia de Género, organizado por la Concejalía de Igualdad de Guía de Isora.
El análisis de la situación previa al pacto y la actual pusieron de relieve algunos aspectos positivos que contempla la actual ley, como la asistencia jurídica gratuita para las mujeres o la consideración de los menores como víctimas directas de la violencia de género ejercida sobre sus progenitoras. No obstante, los participantes expresaron la necesidad de mejorar la asistencia jurídica a las mujeres “antes, durante y después de presentar la denuncia”, y una mayor protección de los menores.
“Necesitamos romper la inercia de despreocupación que hemos estado sufriendo a nivel social y político y llegar a profundizar en las necesidades a las que debemos hacer frente en los próximos cinco años”, señaló la diputada socialista Ángeles Álvarez en su intervención.
A su jucio, “los 200 millones de euros previstos para el Pacto de Estado deben recogerse en la prórroga del presupuesto de 2017, porque sin financiación no vamos a ninguna parte”. Álvarez también hizo hincapié en la necesidad de modificar varios artículos del Código Penal y reconoció que “no podemos pretender introducir en una sola ley todas las respuestas. No es lo mismo la violencia en el ámbito de la pareja que en el ámbito de la prostitución, por ejemplo. El pacto que hemos aprobado pide una ley integral para cada situación”.
Por su parte, el alcalde, Pedro Martín, manifestó la necesidad de un compromiso permanente, “en el que tenemos que estar todas las administraciones. La violencia de género no es algo que escuchemos de vez en cuando, convive con nosotros y nos aleja de ser una sociedad democrática y sana. Son muchos los casos que se manifiestan en órdenes de alejamiento, detenciones y agresiones”.
Carmen Yanes Sansón, abogada de los servicios de atención especializada a víctimas de violencia de género del Cabildo de Tenerife, señaló que “más allá de visibilizar la vulnerabilidad de los menores, hay que suspender la posibilidad de visitas a los padres que han agredido a sus parejas”.
La necesidad de formación especializada por parte del personal técnico de las administraciones públicas, así como la falta de recursos, también fueron algunas de las cuestiones señaladas en las jornadas, que sirvieron para desgranar las medidas del Pacto contra la Violencia de Género y trazar las líneas de un primer acuerdo sobre las medidas más urgentes que deben ponerse en marcha.
Objetivo: definir las medidas en los ámbitos normativo y de recursos
Para la concejala isorana de Igualdad, Ángeles González, “corresponde a los responsables políticos ponernos de acuerdo en un tema tan grave como la violencia de género. Debemos definir qué medidas hay que tomar en el ámbito normativo, así como en el de recursos y de asistencia”.
En esta misma línea se manifestaron Estefanía Castro, consejera de Igualdad en el Cabildo de Tenerife, y Julieta Martín, directora de la Unidad de Violencia de Género del IAAS, participantes en la mesa redonda. También Nieves Rosa Hernández, presidenta de la Asociación de mujeres Mararía, que destacó el trabajo que realizan las asociaciones en contacto directo con las víctimas, “llegando más allá de donde no alcanzan a llegar las administraciones” públicas. Hernández puso de relieve el doble drama de las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género, que carecen del conocimiento de sus derechos o de los recursos que tienen a su disposición.
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