En menos de 48 horas el vídeo denuncia ‘El Teide en Venta‘ había alcanzado las 17.000 reproducciones y había sido compartido más de 500 veces solo en la página de Facebook de Desaplatánate, una asociación sin ánimo de lucro destinada a fomentar el desarrollo de un modelo de turismo y ocio alternativo, social y sostenible en las Islas Canarias. Además, páginas de otras organizaciones, de personas físicas e incluso algunos políticos se hacían eco del vídeo y lo compartían también para hacer llegar el mensaje a la mayor cantidad posible de ciudadanos.
Los creadores del vídeo acusan al Cabildo de Tenerife de “sacar un nuevo reglamento que permite, con el falso argumento de la conservación, la apropiación por parte de una empresa de muchos de los recursos del Parque Nacional del Teide” y hacen mención a algunas de las nuevas normas que recoge el documento, como que “el acceso al pico será de pago” y denuncian que el pago no “será reinvertido en programas de conservación del Parque” y que la manera en que pasarán a gestionar las plazas de acceso, que “hasta ahora eran públicas y gratuitas” será “cuanto menos turbia”.
Así mismo, concluyen animando a todos los usuarios a interesarse por conocer el reglamento y a presentar alegaciones, así como a ayudar en la máxima difusión del vídeo con el llamamiento final a que “No permitas que el patrimonio de todos se convierta en el beneficio de unos pocos”.
Sin embargo, y aunque la mayoría de comentarios son de rechazo a estas supuestas intenciones atribuidas en el vídeo, han sido algunos usuarios los que han argumentado con bastante sentido común que el uso de los servicios en muchos parques nacionales es de pago, muchos refiriéndose a un ejemplo cercano, como es el de Timanfaya en Lanzarote. Los ha habido que incluso han tachado el vídeo de ‘fake new’.
VERSIÓN DEL CABILDO
El caso es que a raíz de la masiva circulación del vídeo y la viralización lograda, Efraín Medina Hernández (CC), vicepresidente del Cabildo de Tenerife y el propio Francisco Linares (CC), alcalde de La Orotava -municipio en el que se encuentra la gran mayoría de la superficie del Parque Nacional- han querido salir al paso del mensaje publicando un comunicado en sus páginas de Facebook argumentando que el vídeo contiene “falsa información” y que el objetivo del reglamento no es “vender” el patrimonio, sino ordenar su uso y disfrute.
Sea como fuera, la polémica está servida. Los usuarios más habituales del Parque desconfían de las intenciones del Gobierno insular, si bien fundan sus sospechas en una interpretación propia de algunos fragmentos ambiguos del documento; el Gobierno Insular, por su parte, asegura que serán los turistas sobre quienes recaerá el cobro de servicios, puesto que “son los que realmente suponen una carga ambiental al Parque” y que el residente no pagará o lo hará de manera testimonial: “Se cobrará el servicio que se preste, no el acceso, no la mera visita.”, concluye el comunicado.
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