PISCIFACTORÍA DE AGUAMANSA

Baltar: es “urgente” conocer mejor el origen y la calidad del agua en Tenerife

Baltar ha intervenido en comisión parlamentaria para analizar el caso el caso de contaminación en la piscifactoría de Aguamansa ocurrido en septiembre y que ha catalogado como "episodio cerrado" desde el punto de vista sanitario

José Manuel Baltar. / EP
José Manuel Baltar. / EP

El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, ha afirmado este viernes que el agua de consumo está “estrictamente controlada”, pero ha incidido en que es “urgente” mejorar su trazabilidad, para lo que, en el caso de Tenerife, ya está trabajando la Consejería de Sanidad.

Baltar ha intervenido en comisión parlamentaria para analizar el caso el caso de contaminación en la piscifactoría de Aguamansa, en La Orotava, ocurrido el pasado mes de septiembre, y que ha catalogado como “episodio cerrado” desde el punto de vista sanitario.

Además, ha tildado de “impecable” la actuación de los técnicos de Salud Pública por su “total transparencia”, ordenando el cierre de las instalaciones por contaminación y verificando a posteriori que el vertido a los dos canales de agua de abasto ya había finalizado.

Baltar ha confesado que fue “grave” que murieran unas 12.000 truchas al cortar el flujo de agua debido a la contaminación por el uso de antibióticos y ha subrayado que cuando el inspector de Salud Pública visitó las instalaciones no había registro sobre los tratamientos que recibían las truchas y los productos que tomaban.

NI ALONSO NI CLAVIJO HAN DADO ÓRDENES

Ante las críticas de la oposición, ha comentado que ni el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, ni el del Cabildo, Carlos Alonso, le “han dado órdenes” sobre este tema, y que la actuación se ha realizado acorde a los criterios de Salud Pública. “Sea de quien sea la instalación, Salud Pública se presenta allí y verifica la denuncia”, ha comentado.

El diputado del Grupo Popular Zacarías Gómez ha criticado la “impunidad” con que se maneja el Grupo Nacionalista y el propio Gobierno, poniendo como ejemplo este caso y la suplantación del exalcalde de Firgas en unas oposiciones de la Comunidad Autónoma.

Ha lamentado que se ordenara el cierre de las instalaciones porque murieron 12.000 truchas “agonizando”, y siguiendo las conclusiones del informe de Salud Pública, ha incidido en que los excrementos de las truchas se vertieron al canal de agua tras haber sido tratadas con antibióticos en desuso. “Esto es muy grave”, ha comentado.

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Además, se ha preguntado si tanto el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, como el del Ejecutivo, Fernando Clavijo, le han “mandado parar” en este caso. “¿No cree que esto es una chapuza?”, ha señalado.

Melodie Mendoza, del Grupo Mixto (ASG), ha dicho que este caso “fue muy grave” y generó “alarma ciudadana”, lo que obligó al cierre de las instalaciones, y se ha preguntado si el vertido ha existido desde hace años o es más reciente y si hubo un “riesgo real” para la salud de los ciudadanos.

Juan Márquez, de Podemos, ha comentado que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias tenía la responsabilidad de “vigilar” este caso “y no lo ha hecho”, aparte de que se vendían truchas afectadas por contaminación y el “agua infectada” se canalizaba para consumo humano.

“NO SE VAN A LIBRAR DEL PURO QUE LES VA A CAER”, AVISA PODEMOS

“Aquí hay responsables de la Consejería y del Cabildo”, ha agregado, resaltando que “no se van a librar del puro que les va a caer aunque hagan presidenta a la Virgen de Candelaria”.

Teresa Cruz, del Grupo Socialista, ha preguntado si la piscifactoría tiene informe de impacto ambiental, sobre la entrada y salida de aguas, qué sistema de protección había sobre las truchas, cuántas inspecciones se ordenaron y qué controles había sobre plagas y pesticidas, y las fichas diarias sobre los productos químicos utilizados.

José Manuel Pitti, del Grupo Nacionalista, ha comentado que este caso está ya en la órbita judicial, pues se ha llamado a declarar a varios técnicos del Cabildo en un juzgado de La Orotava, y no hay cargos públicos investigados.

Ha dicho que las acciones de Salud Pública han sido “expeditivas” al ordenar el cierre de las instalaciones, prohibir el uso humano de guagua y constatar la eliminación de los vertidos.