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Calidad democrática

Para valorar hay que medir. Las ciencias sociales formulan modelos con capacidad explicativa o predictiva

Para valorar hay que medir. Las ciencias sociales formulan modelos con capacidad explicativa o predictiva. El World Justice Project es el índice mundial que mide el “imperio de la ley”. Existe desde 2006, sostenido por una ONG, que lo aplica a 117 países del mundo, para lo que cuenta con más de 3.000 predictores. Se soporta en 8 criterios con 45 variables. Estos criterios son los “límites institucionales, el grado de corrupción, la transparencia, los derechos fundamentales, el orden y seguridad, el entorno regulatorio, la justicia civil y la justicia criminal”.

Sobre un índice 100, el primero, Dinamarca, está en 89. Seguido de Noruega, Finlandia, Suecia, Paises Bajos, Alemania, Nueva Zelanda, Austria, Canadá, Australia y Reino Unido. En el segundo grupo, Estonia, Singapur, Japón, Bélgica, Hong Kong, Chequia, Francia, Estados Unidos, Corea del Sur, Portugal, Uruguay y España, en el puesto 23, con 70 puntos. El último puesto lo ocupa Venezuela con 29 puntos, donde han demolido el “imperio de la ley”.

España ocupa una razonable posición, que en el índice se ve reducida por su entorno regulatorio, su justicia y su transparencia. Indicadores de la falta de evolución de nuestro capitalismo, hacia formas más democráticas. España se debate en el conflicto del Estado-nación no superado y puesto al límite con el trauma catalán. Vendría corroborada esta tesis por la opinión de los españoles respecto a lo que consideran sus principales problemas. En la encuesta del CIS de enero de 2018, “el paro, la corrupción, los políticos, la economía y Cataluña”. Ambos indicadores nos alejan de lo que debiera ser nuestra posición natural. Ofreciendo estos últimos, nexos comunes ligados al conflicto Estado-nación. España no lo resolvió en la “era moderna”, y lo ha venido arrastrando en la historia y en la propia Constitución del 78.

Derivando la evolución autonómica en 17 naciones, que impiden la unidad de mercado y la igualdad constitucional de los servicios básicos, escuela, sanidad y servicios sociales. Los mecanismos de coordinación diseñados por la constitución ni han funcionado, ni se han ejercido. Lo adjetivo se ha comido a lo sustantivo. De forma que la liberalización de servicios y las prestaciones quedan ligadas a la autonomía de pertenencia. Adjetiva es la fórmula del cupo vasco, distorsionada hoy aún más, como la deriva carlista catalana. Sólo esconden las reservas de mercado, económico y de prestaciones. Se usa la lengua para reforzar la estrategia. La competencia de los 17 es una carrera a futuro, que pretende resolverse siempre subiendo impuestos, cuando el primer problema del país sigue siendo el gasto público. Sin coordinación, contención ni reciprocidad de los cantones, el Estado-nación no es posible. Ni su integración en la supranación de Europa, ni su encaje en la globalización.

En esta deriva situamos la propuesta de los 70 diputados canarios, que nunca ven soluciones sin incrementos de gasto. Como la subida del IGIC el 40% en 2010, con la que han recaudado de más 2.750 millones de euros, para mantener administraciones insostenibles, que no invierten y se niegan a simplificar, reducir costes y funciones impropias. Ahí está la deriva discrecional de la Ley del Suelo canaria en su trámite parlamentario, rebajando su seguridad jurídica. Canarias obstaculiza los cambios de su sistema productivo y su diversificación empresarial, y utiliza el territorio como excusa para no liberalizar, condicionando el desarrollo efectivo de su régimen fiscal. Expulsa con ello a los mejor formados. Lo confirman los índices, que siguen muy alejados de las medias nacionales, sin que la brecha se acorte.