La ampliación del Parlamento de Canarias de 60 a 70 escaños es una de las aristas que obstruyen la reforma del sistema electoral de aplicación en las elecciones autonómicas, a la espera de que CC-PNC presente una contrapropuesta en la próxima reunión de la ponencia, pospuesta del viernes 9 de febrero al martes 13 de marzo. Un análisis comparativo de los diecisiete legislativos regionales demuestra que este es de los menos compensados en relación a su población, aunque en los criterios de distribución de las plazas disponibles también influyen factores como la insularidad y la dispersión o concentración de los residentes en el territorio.
Los parlamentos autonómicos de España suman 1.198 diputados, a los que habría que añadir los 50 (25 cada una) de las ciudades de Ceuta y Melilla. En total, 1.248 representantes.
Canarias ocupa el décimo lugar en la clasificación, que equivale a la octava posición por habitantes. Únicamente la Comunidad Valenciana (4º), País Vasco (7º), Asturias (14º) y La Rioja (17º) repiten puesto en ambas listas. El de Cataluña (Parlament) es el que más actas entrega (135), con una población de 7.518.903 (2º). Andalucía tiene más habitantes (8.403.271), a los que representan 109 electos en el Parlamento (3º). La Comunidad de Madrid es la tercera más poblada (6.454.610) y la segunda por asientos en su Asamblea. Con la mitad de población que Canarias (2.104.815), el Parlamento de Baleares solo contabiliza un escaño menos (59). Más desproporcionado si cabe resulta el contraste con Extremadura (un millón de habitantes menos) y 65 votos en la Asamblea. Con una diferencia de 84.170 habitantes a su favor en perspectiva de Canarias, el Parlamento del País Vasco alberga 75 butacas. Las Cortes de Castilla y León (5º) habilitan 84 escaños para 389.975 pobladores (5º) más que el archipiélago atlántico. Algo superior a este en la cifra de habitantes (2.748.695), el Parlamento de Galicia (5º) reparte 75 credenciales (6º). Las Cortes de Aragón (8º) reservan 67 escaños para 1.325.385 almas (11º). La desviación es mayor en Castilla-La Mancha. Con una población de 2.078.611 habitantes (9º), las Cortes (16º) vieron reducida su composición a 33 escaños -se suprimieron 16 de golpe- después de que la propia María Dolores de Cospedal (PP) promoviera un incremento de 49 a 53 que nunca se ejecutó.
La localización de la sede figura por norma general en los respectivos estatutos y coincide con la capital de la Comunidad Autónoma. La de Canarias la comparten Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, donde reside la Cámara. La ubicación de las instituciones de Castilla y León (Valladolid) se fija a través de una ley aprobada por una mayoría de dos tercios.
De las nueve entidades uniprovinciales, contadas Ceuta y Melilla, tres han optado por un modelo electoral basado en varias circunscripciones. A tales efectos, Asturias se divide en tres demarcaciones: Oriente (5 escaños), Occidente (6) y Centro (34). Baleares se fragmenta en las islas de Mallorca (33), Menorca (13), Ibiza (12) y Formentera (1). En la Región de Murcia son cinco distritos: Lorca (7), Cartagena (10), Murcia (21), Noroeste (4) y Altiplano (3).
En virtud de la cuestionada triple paridad, a cada una de las islas de Tenerife y Gran Canaria le corresponden 15 diputados, a Lanzarote y La Palma, 8; a Fuerteventura, 7; a La Gomera, 4, y a El Hierro, 3.
En todas las comunidades, el mandato es por cuatro años si no concurre la circunstancia de la disolución anticipada. Canarias carece actualmente de esta facultad, que ya incorpora la propuesta de reforma que se tramita en las Cortes.
Las barreras de acceso oscilan entre el 3% y el 5% de los sufragios “válidos” o, en el caso de la Comunidad Valenciana, “emitidos” (ninguna, sobre el censo). En Canarias, la disposición transitoria primera del Estatuto ofrece una alternativa: el 30% insular -o ser la candidatura más votada- (se quiere reducir al 15%) o el 6% regional (bajaría al 5% o al 3%). Catorce comunidades autónomas definen la cláusula en su ley electoral. La de Madrid la recoge en el texto articulado del Estatuto, en tanto que Canarias y Cataluña la establecen en las disposiciones transitorias. Para el Congreso, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) introduce la exigencia del 3%.
La pregunta que con mayor insistencia formula la ciudadanía es ¿cuánto cuesta el Parlamento autonómico? Un estudio realizado por la plataforma Convivencia Cívica Catalana con los datos del ejercicio de 2016 anota la cifra en 336 millones de euros. El de Cataluña es con notable diferencia el más caro (51, 9 millones), por delante de Andalucía (39,9 millones) y el País Vasco (33,1). El canario se elevó a 15.947.700 euros.
Los edificios que albergan a los parlamentos autonómicos conservan su memoria histórica particular. El inmueble de Teobaldo Power lo proyectó en 1883 el urbanista Manuel de Oraá. Se construyó para la Sociedad Musical Santa Cecilia y funcionó como conservatorio. Previo al traslado a Vallecas, las sesiones de la Asamblea de Madrid se hacían en el Caserón de San Bernardo, de origen religioso, que en el siglo XIX pasó a la Universidad Central de Madrid (la hoy Complutense). El Parlamento de Galicia era un cuartel; el catalán, lo mismo y un museo; el antiguo de Castilla y León, un castillo y un Parador frustrado; el de Castilla-La Mancha (Convento de San Gil, en Toledo), un cuartel de la Guardia Civil y un parque de bomberos. El Palau de Benicarló (Valencia) era el hogar del marqués. El de Andalucía había sido un hospital hasta 1972: de las Cinco Llagas de Nuestro Redentor o de la Sangre. La Asamblea de Extremadura (Mérida) se instaló en el Hospital de San Juan de Dios. El Parlamento de Cantabria ocupó el Hospital de San Rafael, del XVIII. El de Asturias era la Diputación; La Rioja, un convento y una fábrica de Tabacos; País Vasco, el instituto de secundaria Ramiro de Maeztu; Región de Murcia, la Casa de la Cultura de Cartagena; Aragón, un cuartel; Baleares, el club social Círculo Mallorquín, y el de Navarra, el Palacio de Justicia. Se levanta la sesión.
Carolina Darias lidera desde enero la Conferencia de Presidentes
Carolina Darias lidera desde enero la Conferencia de Presidentes de Parlamentos Autonómicos (Coprepa), un tiempo concordante con la conmemoración de los 40 años de la Constitución. La jefa del Legislativo canario tomó el relevo de su homólogo valenciano, Enric Morera, durante una reunión en Santa Cruz de Tenerife.
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