política

El consejero admite su imprudencia en las fechas del acuerdo de carreteras

Pablo Rodríguez confiesa, ante la insistencia de la oposición, que desconoce cuándo se firmará el nuevo convenio con Fomento y el PP le reprocha que no haya presentado aún un plan de prioridades

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez, en el pleno parlamentario. SERGIO MÉNDEZ

Pablo Rodríguez reconoció ayer que se ha pasado de frenada con el convenio de carreteras. En el pleno, el vicepresidente y consejero de Obras Públicas admitió concretamente que no debería haber anunciado que el nuevo acuerdo bilateral con el Ministerio de Fomento se firmaría en el verano de 2017, en octubre… Sin embargo, precisó que la rúbrica no depende únicamente del Gobierno de Canarias. “Es una negociación muy dinámica”, enfatizó Rodríguez en una comparecencia solicitada por los grupos Nacionalista Canario (CC-PNC) y de Nueva Canarias después de dos intervenciones durante la sesión de control.

Los motores de la oposición empezaron a rugir cuando la portavoz del PP, Australia Navarro, le preguntó por las prioridades en la ejecución del convenio. “La prioridad es la firma”, respondió el consejero. Ahí arrancó una carrera dialéctica que acabó con Rodríguez en el arcén. “No, señor consejero”, profirió Navarro. “La prioridad es gastarse todo el dinero que se trae [de Madrid], que es mucho, y más en una tierra como la nuestra, que tiene carencias muy importantes en infraestructuras y servicios públicos. Lo que ocurre en su departamento no solo es impresentable, es que no se puede ni explicar. Usted dispone de 101 millones del convenio de 2017; de otros 200 millones garantizados. Para eso tampoco hace falta que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado de 2018. Y, además, contará con 138 millones más pendientes del ajuste de 2012, que ya se estaba negociando con el ministerio antes de que saliera la sentencia del Tribunal Supremo. En definitiva, en el peor de los casos, tendrá 320 millones del Gobierno central; en el mejor, 458 millones de euros. ¿Qué va a hacer?”. La representante del Grupo Popular se propuso poner colorado a su interlocutor: “Lo que han de saber los canarios es que usted tuvo el año pasado 219 millones y que solo supo gastar la mitad”.

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Australia Navarro no aminoró la velocidad. Aún le quedaba una pitada por lo que tachó de acto de “populismo, demagogia y caradura”, la reunión del 24 de enero en la sede tinerfeña del Gobierno regional con los presidentes de los cabildos, a la que no acudió el grancanario, Antonio Morales (NC). Se calló que cuatro días antes había remitido un borrador del convenio de carreteras al secretario de Estado de Infraestructuras. Desde entonces no ha hecho nada, no ha movido un papel. Estamos en febrero y todavía desconocemos cuándo se va a firmar. No lo saben los miles de conductores que cada día soportan el desastre que sufrimos en todas las islas. No ha entregado un plan de obras prioritarias ni un programa de trabajo ni un calendario de licitaciones ni previsión alguna del inicio o finalización de las obras”. Pablo Rodríguez se salvó por la campana. En su turno, avisó de que la sentencia favorable a la reclamación de la comunidad autónoma de 138,4 millones de euros correspondientes a la anualidad de 2012 del convenio de colaboración suscrito en 2006 y con adenda de noviembre de 2009 “cambia la negociación”. Posteriormente, desde la tribuna, anunció la presentación de un recurso por los incumplimientos en los ejercicios de 2015 y 2016. “Los servicios jurídicos ya están trabajando”, dijo mientras huía hacia adelante. “La pelota está en su tejado y nosotros estamos listos para, si esta tarde nos llaman, ir a Madrid a firmar”.

Esther González, de Nueva Canarias, le desmintió que se hubiera ejecutado el 70% del convenio: “Eso significaría que se han empleado 153,3 millones. Le sobrarían 66. Explíqueme. Los números no me cuadran”.

Por el PSOE, Gabriel Corujo instó a exigir “los casi 800 millones de la vulneración del convenio”. Patricia Hernández sacó a relucir las “oportunas filtraciones -algunas, por el mismo periódico que publicó la conversación entre Mariano Rajoy y Fernando Clavijo- para escurrir las “responsabilidades”.