La fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, ha anunciado este jueves la apertura de un examen preliminar sobre la situación en Venezuela desde abril de 2017 ante el presunto uso excesivo de la fuerza por el Gobierno y la actuación violenta de algunos manifestantes.
Según ha explicado en un comunicado, desde 2016 ha estado siguiendo “de cerca” la situación en el país, que es parte del Estatuto de Roma por el que se creó el CPI, y tras “una revisión cuidadosa, independiente e imparcial” de comunicaciones e informes sobre “presuntos crímenes que potencialmente estarían bajo la jurisdicción” de la corte, ha decidido que procede la apertura de un “examen preliminar”.
En concreto, se analizarán “los crímenes presuntamente cometidos desde al menos abril de 2017, en el contexto de las manifestaciones y la inestabilidad política relacionada”, ha indicado Bensouda.
“Se ha denunciado que las fuerzas de seguridad del Estado han hecho con frecuencia un uso excesivo de la fuerza para dispersar y disolver las manifestaciones, y detenido a miles de miembros reales o percibidos de la oposición, algunos de los cuales han sido presuntamente objeto de graves abusos y maltratos bajo arresto”, ha indicado la fiscal.
Asimismo, ha agregado, también se ha informado de que “algunos grupos de manifestantes recurrieron a medios violentos, lo que tuvo como resultado que algunos miembros de las fuerzas de seguridad resultaran muertos o heridos”.
Bensouda ha recordado que corresponde a la Justicia del país investigar y procesar a los responsables de crímenes internacionales y ha dejado claro que el “examen preliminar no es una investigación” sino un proceso por el que se busca determinar si hay “base suficiente para abrir una investigación” propiamente dicha.
La fiscal ha indicado que su oficina se pondrá en contacto con las autoridades venezolanas pertinentes para “discutir y evaluar cualquier investigación y procesamiento relevante” a nivel nacional y también tendrá en consideración “todas las opiniones y puntos de vista que le sean remitidos durante el examen preliminar” y que cumplan con lo estipulado en el Estatuto de Roma.
Por el momento no hay un plazo fijado para que la fiscal decida o no abrir una investigación formal sino que, ha indicado, los procedimientos a seguir se irán tomando en base a la información recabada y las necesidades identificadas.
Por último, Bensouda ha aprovechado para recordar la “plena independencia e imparcialidad” de su oficina en esta labor y ha confiado en contar con “el pleno compromiso” de las autoridades venezolanas.
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