SOCIEDAD

Lagunas en la Memoria

La investigación de la represión franquista en las Islas y su reconocimiento público tiene aristas pendientes como la incautación de bienes o la situación de la mujer

Los trabajos de excavación de una de las fosas La Palma. | DA

El Parlamento acaba de aprobar la toma en consideración de la Ley de Memoria Histórica de Canarias, un proyecto legislativo que nace con la voluntad de lograr la “reparación moral” y la “recuperación de la memoria personal y familiar” de las víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista, tal y como recoge en su exposición de motivos la proposición de Ley, que recibió el respaldo unánime de la Cámara autonómica.

Una Ley que nace con la intención de impulsar el proceso de hallazgo y exhumación de las personas asesinadas durante el franquismo que aún permanecen desaparecidas en distintos puntos de la geografía canaria, pero también de reconocer todas aquellas víctimas que sufrieron las distintas vertientes de la represión que impuso la dictadura desde el inicio de la contienda.

Pese a que se ha avanzado “muchísimo”, como destaca el historiador grancanario Sergio Millares, en la investigación sobre este período de la historia en las Islas, clave para el proceso de la recuperación de la Memoria Histórica, sin embargo aún quedan vertientes del proceso represivo en las que no se ha profundizado en el conocimiento y, por tanto, en el reconocimiento público de estas víctimas.

Un proceso de investigación que se vio frenado después del último impulso que supuso la Ley de Memoria Histórica en 2007, que propició la aparición de una nueva generación de estudiosos que tomó el relevo de nombres como Miguel Ángel Cabrera, Ramiro Rivas, Ricardo García Luis o el propio Millares, que iniciaron el estudio de la Guerra Civil en las Islas a finales de los setenta y los ochenta del siglo pasado.

Entre esta nueva hornada destaca Aarón León, doctor en Historia por la Universidad de La Laguna y autor de obras como La retaguardia de Franco, que además participó en las investigaciones que se desarrollaron en Tenerife en los años 2011 y 2012 financiadas por el Estado, que permitieron dar un nuevo impulso en el conocimiento de esta etapa, interrumpidas desde entonces.

“Ahora disponemos de suficientes materiales, obras publicadas, para saber cómo funcionó la represión franquista en Canarias, pero lo que necesitamos es una investigación más de base a esa explicación general”, comenta el investigador, que añade que “a partir del 18 de julio de 1936 no solo empiezan a detener gente, sino que hay otra serie de fenómenos como la depuración de funcionarios públicos o la incautación de bienes que requieren ser investigados”.

De hecho, ni siquiera hay un censo cerrado sobre las personas que perecieron víctimas de la represión franquista en la Guerra Civil y las cifras han ido variando en las últimas décadas conforme se han ido perfilando los estudios.

La última “aproximación”, sobre la que existe un cierto consenso entre la comunidad científica, la publicó el historiador palmero Salvador González Vázquez, que estableció 1.032 fallecidos en las Islas como consecuencia de las ejecuciones tras las sentencias de los consejos de guerra y las desapariciones extrajudiciales.

El historiador tinerfeño Aarón León. | DA

Pero junto a la represión más violenta o sangrienta, hubo otro proceso represivo, cuyo impacto en Canarias aún está por desentrañar. “Sabemos cuáles fueron los principales centros de detención, la identificación de las principales fases represivas durante la Guerra Civil, cómo se ejecutaban las desapariciones, dónde se llevaban a cabo los fusilamientos, el funcionamiento del aparato militar, pero no conocemos hasta qué punto socialmente afectan determinados aspectos de la represión, más allá de los hechos más violentos, y cómo se produce un cambio brutal en la sociedad canaria por una represión que se desató en julio de 1936 y que, sin duda, es determinante para entender el proceso posterior de la institución del régimen”, indica Aarón León.

Más noticias
El PP ve “demencial” el papel del Gobierno canario en carreteras

Así hay cuestiones como la represión de la mujer o las personas homosexuales que están prácticamente sin analizar. En este último aspecto señala que “el principal acercamiento que ha habido es la novela de Miguel Ángel Sosa Machín, Viaje al centro de la infamia. “Tenemos el marco general, la reflexión sobre los hechos más violentos, pero queda mucho por recorrer”, insiste

Otra de esas aristas por abordar es la incautación de bienes. Millares señaló como un caso paradigmático es el sufrido por la familia del último presidente del Gobierno de la República, Juan Negrín. “Como pirañas se lanzaron para quitarle todas las propiedades en una zona que tiene hoy un valor incalculable, Mesa y López”. Episodios como el del político grancanario sucedieron en otros muchos más casos en las Islas y son, a juicio del historiador, “una laguna tremenda que hay que investigar”.

Sobre la situación de la mujer, Millares indicó que hubo detenciones, pero no desaparecidas ni fusiladas. En este aspecto subraya el caso de las mujeres, hijas y nietas de los desaparecidos como especialmente sangrante. “Las mujeres de negro, como yo las he llamado, que sufrieron ese castigo brutal de no saber si su marido había muerto. Todavía hay gente que las recuerda recorriendo la isla y preguntando por su paradero, porque los canallas que los asesinaron o lo promovieron dijeron que habían sido puestos en libertad y se habían ido, y no tuvieron el coraje de reconocer su crimen”.

DEPURACIÓN SOCIAL

Sergio Millares achaca las principales lagunas de esta etapa en la historia en Canarias a que, “en gran medida, se encargaron de que no hubiera testimonios ni fuentes escritas referentes a los asesinatos y las desapariciones. Ese es el principal escollo que nos encontramos”. Una circunstancia que la historia oral ha podido suplir. Testimonios que han sido corroborados con las exhumaciones del Pozo del Llano de Las Brujas, donde aparecieron 24 cadáveres de represaliados, en Tenoya donde se encontraron otros 12 o en el Pinar de Fuencaliente, donde se identificaron los restos de 7 personas.

El historiador grancanario Sergio Millares. | DA

Millares indicó que donde existe un mayor problema para recuperar los cuerpos de las víctimas es en Tenerife, “porque los tiraron a alta mar. Ese operativo lo hicieron bien, entre comillas, para que no dejaran huellas por los siglos de los siglos”.

Unas islas donde no existió contienda militar y que, sin embargo, la represión fue “brutal”, como indica Aarón León, que apunta como causa de este despliegue de violencia y terror la II República, que “marca un hito en la historia de Canarias en tanto que se produce una conflictividad social, un ascenso del movimiento obrero, que no se había dado hasta entonces, y cuestiona por completo los poderes existentes (económicos, políticos, institucionales, religiosos incluso), que suponen una amenaza para el orden social que había hasta el momento, y que era necesario cortar de raíz”. Una etapa de la historia en la que se produce “una depuración social absoluta”.

Tanto Aarón León como Sergio Millares valoran el proyecto de Ley de Memoria Histórica de Canarias, pero ambos defienden que necesita aportaciones. En el caso del historiador tinerfeño, la Ley “requiere de una mayor reflexión y que se incorporen algunos aspectos como la importancia de la investigación.”

Sergio Millares, que participa en el Consejo Asesor de la Memoria Histórica del Ayuntamiento de Las Palmas, donde es concejal, recuerda que realizaron sugerencias a este proyecto de Ley. Defiende que en el trámite parlamentario que inicia ahora el texto legislativo antes de su aprobación definitiva debe incluir el compromiso de financiación del Gobierno de Canarias, dotándola con una partida presupuestaria específica para su desarrollo n