Si al término del recién iniciado mes de febrero, en un plazo de 22 días, no se han contratado la totalidad de las obras con cargo al Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) en La Palma de 2017, bajo la gestión directa del Cabildo, los ayuntamientos palmeros no tendrán ya ningún motivo para mantener “las formas” y se alinearán con las facciones más críticas de la política regional que mira, cada vez con mayor inquietud, la falta de agilidad del Cabildo de La Palma para gestionar el Fdcan.
Los alcaldes prefieren no hacer manifestaciones públicas hasta finales de febrero, pero en privado advierten de la gravedad de la situación. Así, varios coinciden al señalar que aunque los proyectos de 2016 ya se han justificado y están pendientes de los resultados de la auditoría encargada por el Gobierno de Canarias, no ocurre lo mismo con los fondos del pasado año 2017, unos 14 millones de euros, con una prórroga otorgada por el Ejecutivo canario hasta julio de 2018.
Los ayuntamientos palmeros, que han dado traslado al Gobierno de Canarias de su preocupación hasta en tres ocasiones distintas, y que temen la devolución de parte de este fondo de financiación en el que habían puesto todas sus esperanzas para revertir la crisis económica estructural que La Palma arrastra desde hace años, y muy anterior a la recesión económica como resultado del estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, no entienden por qué el grupo de Gobierno en el Cabildo no ha reforzado aún su Servicio de Contratación.
Esa tarea ha sido puesta sobre la mesa no solo por los alcaldes, sino por los grupos en la oposición, además de por parte de organizaciones tan potentes como la Federación de Empresarios de la Construcción y por la Asociación de Empresarios del Suroeste de La Palma.
Esa medida, que sí han aplicado otros cabildos, así como la posibilidad de contratar a una empresa externa que se haga cargo de ese trabajo administrativo y que apoyaría a la isntitución en ese proceso, sigue sin llevarse a cabo por parte de socialistas y nacionalistas en la institución palmera, convirtiéndose en el único Cabildo que recibe quejas y que es objeto de recelos por parte del Gobierno de Canarias.
Algunos alcaldes han llegado a proponer al presidente Fernando Clavijo, frente a la excepcional situación que se está dando en La Palma con la falta de justificación y contratación de proyectos con cargo al Fdcan, que sea el Ejecutivo el que se haga cargo del procedimiento. Frente a esta preocupación, tanto desde las filas socialistas como nacionalistas en el Cabildo se normaliza la situación asegurando que es normal le petición de prórrogas y recordando que están dentro de los plazos establecidos.
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