Ni muchos ni pocos, según se mire, pero haberlos, haylos. Habrá a quien escandalice que una región como Canarias figure la quinta en un listado general de los casos de presunta corrupción (algunos, nada de presuntos, sino con sentencia firme) en España.
Más dura es la foto fija que supone la estadística trimestral del Consejo General del Poder Judicial, donde el Archipiélago figura en primer lugar en número de políticos implicados tanto desde enero a marzo como de julio a septiembre del año pasado.
Precisamente fueron esos datos lo que originó la sorprendente proclama del actual presidente regional, Fernando Clavijo: “La corrupción es inexistente en Canarias”, dijo, sin recordar que su propio partido protagoniza la mitad de los casos más sonados en las Islas, a tal punto que algunos de sus dirigentes están cumpliendo penas de prisión por ello.
Seguramente, la réplica más contundente con Clavijo llegó por quien le interpelaba al respecto en el Parlamento de Canarias el pasado martes: la portavoz de Podemos Canarias, Noemí Santana. Fue en una entrevista publicada por DIARIO DE AVISOS 48 horas después donde Santana recordaba a Clavijo que “en los juzgados hay serias sospechas sobre su propio comportamiento “. La líder de la formación morada en las Islas aludía así a lo sucedido con el llamado caso Corredor, donde fue desimputado gracias a que nunca apareció el documento que supuestamente habilitaba desde el juzgado una grabación que no dejaba en buen lugar al entonces alcalde lagunero. Pero, sobre todo, al llamado caso Grúas, ya que firmó dos de los tres decretos por los que se concedió un préstamo de 120.000 euros y se prorrogó la concesión de las grúas municipales a una empresa que había incumplido las condiciones del pliego de contratación y que controlaban un grupo de empresarios que, en su mayoría, han reconocido en sede judicial distintos niveles de vínculos personales con Clavijo.
En auto fechado el pasado 17 de octubre, la Audiencia provincial de Santa Cruz de Tenerife apreció indicios delictivos suficientes en esos decretos, aprobados en 2014, como para seguir investigando judicialmente lo sucedido en el Ayuntamiento de La Laguna. Es un caso, no lo olvidemos, de presunta corrupción, por cuanto trata de delitos como prevaricación administrativa, malversación de fondos y tráfico de influencias.
Adelantados
Pero los problemas de Coalición Canaria con la corrupción no son exclusivos de Fernando Clavijo y el siempre tormentoso Ayuntamiento de La Laguna, desde donde también figura el caso Preso, sobre un trabajador municipal que siguió cobrando su nómina a pesar de que había ingresado en el Centro Penitenciario Tenerife II.
ayuntamientos
Como en La Laguna, el paso de CC por los equipos de gobierno de municipios como Santa Cruz de Tenerife, La Orotava y Arona ha resultado turbulento, vista la acumulación de casos en los juzgados.
Sin duda, es el de Las Teresitas el más llamativo, dado que, a pesar de que la sentencia no es firme, ya se dictaron penas de prisión para seis acusados, entre ellos el exalcalde capitalino Miguel Zerolo. Otros dos exediles de CC, Norberto Plasencia y Manuel Parejo, están en Tenerife II por cuenta del llamado caso Mamotreto.
También en La Orotava fue inhabilitado otro histórico de CC, Isaac Valencia, a cuenta del llamado caso Trompo, donde también se le condenó a seis meses de cárcel. Todos los integrantes del equipo de gobierno orotavense en 2010 han sido citados a declarar en calidad de imputados por el otro caso Grúas, como todos los que gobernaron en su día Arona con el entonces alcalde, José Alberto González Reverón, fueron condenados por el llamado caso Arona 1. El caso Arona 2 va camino del juicio, mientras se instruye un caso Arona 3. González Reverón, pieza clave en su día para Coalición Canaria en Tenerife, lleva tres condenas por prevaricación, todas de inhabilitación para cargo público.
Cabildo
No es ajena a este tipo de problemas otra institución controlada por Coalición Canaria (y sus antecesores) desde hace decenios: el Cabildo de Tenerife. Especialmente incómodo para su imagen resulta para esta formación política el llamado caso Simpromi, la empresa pública cuyo objetivo es ayudar a los discapacitados de la Isla y en la que su responsable económico presuntamente originó un agujero de 1,6 millones de euros. En investigación judicial permanecen el llamado caso Carreteras y el del Recinto Ferial, mientras el llamado caso Fórum sigue sin avanzar en su tramitación a pesar de los años transcurridos y que, durante los mismos, han sido desimputados altos cargos.
Al menos hay 12 casos donde la corrupción salpica a Coalición Canaria, con independencia de su mayor o menor relevancia penal, que es la excusa preferida de los políticos a la hora de no asumir la responsabilidad política o ética. Solo en Tenerife, si bien es verdad que hay que estar atentos al caso Montaña Roja, que puede llevar a juicio al presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, también de Coalición Canaria.
Dice Santana que negar la corrupción en Canarias es una falta de respeto a la ciudadanía. Pero, sobre todo, no dice nada bueno sobre el interés real en combatirla.
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