CASO GRÚAS - LA LAGUNA

Los expertos que contrató Fernando Clavijo se contradicen en el Juzgado

Aunque ambos insistieron en que el informe que sirvió para levantar los reparos de la Intervención era meramente teórico, uno dijo desconocer el estado de la concesionaria, pero el otro reconoce que sí lo sabían

Francisco Clavijo, en el juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna. / SERGIO MÉNDEZ

Los juristas externos que contrató el Ayuntamiento de La Laguna para fundamentar el levantamiento de los reparos de legalidad interpuestos desde la Intervención Municipal, relacionados con el llamado caso Grúas, se contradijeron ayer durante sus respectivas declaraciones como testigos acerca de si conocían el estado de la concesionaria cuando realizaron su informe.

Mientras el catedrático de Derecho Administrativo Francisco Villar negó que supiera sobre los graves incumplimientos de la empresa en cuestión, su colega Francisco Clavijo (Derecho Financiero) sostuvo en varias ocasiones ayer que estaba al tanto de los mismos a través de un informe fechado el 8 de abril de 2014.
Para mayor desconcierto por parte de unos testigos que, a priori, debían favorecer la causa de los denunciados (el hoy presidente regional, Fernando Clavijo; su sucesor en la Alcaldía lagunera, José Alberto Díaz, y el concejal, también de CC, Antonio Pérez Godiño), Francisco Clavijo añadió ayer que fue el propio Francisco Villar quien le facilitó dicho informe, aunque, según avanzaba su testifical (no sin cierta ayuda por parte del abogado defensor de Pérez Godiño), se desdijo en la medida de lo posible de lo que atestiguó en repetidas ocasiones, tanto a preguntas del fiscal como de la acusación popular impulsada desde Por Tenerife-Nueva Canarias. Concretamente, al final de su testifical, Francisco Clavijo reculó al dudar sobre si, realmente, había leído tal documento antes o después de la elaboración de su dictamen. El dato no es baladí, por cuanto estos expertos externos contratados por el Ayuntamiento de La Laguna (cada uno de ellos cobró 4.131 euros netos) valoraban si era legal o no prestar 120.000 euros a una firma que, por aquel entonces, acumulaba deudas superiores al medio millón de euros, porque parte de la viabilidad de tal préstamo radica, precisamente, en la capacidad que tenía la concesionaria para devolver semejante cantidad de dinero.

Además de esta contradicción, las testificales que ambos docentes de la Universidad de La Laguna prestaron ante el Juzgado de Instrucción Número 2 de la Ciudad de los Adelantados aportó ayer otro dato sin duda relevante para la investigación en curso, pues coincidieron en señalar que su dictamen solo tuvo como objeto la intervención de la concesionaria por parte del Ayuntamiento y la legalidad de conceder esos 120.000 euros a través de un anticipo, que luego se recondujo por medio de la fórmula del préstamo.

Ello deja sin aval jurídico al decreto municipal que posibilitó una prórroga de la concesión, sobre la cual el interventor municipal, Gerardo Armas Davara, también alertó acerca de su ilegalidad.

Cabe recordar que Armas hizo lo propio respecto a los 120.000 euros, fuera en forma de anticipo o préstamo. Respecto al anticipo, hubo consenso entre interventor y juristas externos en que no se ajustaba a la legalidad, pero Francisco Villar sí que defendió ayer la legalidad del préstamo.

Sus razones

Para Villar, el préstamo es legal por dos motivos. Por una parte, este jurista sostiene que, en el marco de la intervención de la concesionaria por parte del Ayuntamiento de La Laguna, el valor supremo que rige toda decisión es que “el servicio público funcione con normalidad”, y que tal potestad “obliga al Ayuntamiento a adoptar cuantas medidas sean precisas para restablecer y garantizar el funcionamiento del servicio público”. En resumen, carta blanca. El segundo argumento que esgrime Villar es una, cuando menos, llamativa aplicación por analogía del Código Civil.

Tanto el interventor municipal como el también profesor de la Universidad de La Laguna (y portavoz de XTF-NC), Santiago Pérez, discrepan de tales argumentos de Villar e insisten en que el préstamo no se sustentan en norma legal alguna.

Más allá de si conocían o no el estado real de la concesionaria, que por aquel entonces controlaba un grupo de empresarios con distintos niveles de nexos personales con Fernando Clavijo, lo cierto es que tanto Francisco Villar como Francisco Clavijo coinciden en que su dictamen era meramente teórico, a pesar de lo cual sirvió al entonces alcalde lagunero, Fernando Clavijo, para levantar los reparos de la Intervención.

En esos decretos advierte la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife indicios delictivos suficientes como para continuar con la investigación judicial en curso, tal y como se recoge en un auto fechado el pasado 17 de octubre. En concreto, aluden a su trabajo como “meros estudios teóricos para una aplicación práctica”, a la par que recalcaron que se elaboraron sin saber que iban a ser utilizados para levantar los reparos del interventor general de la Corporación. Ello contrasta con la versión dada por un técnico municipal, Antonio Vera, quien en sede judicial sostuvo que el dictamen de estos juristas externos se encargó, precisamente, para fundamentar el levantamiento de los reparos interpuestos por la Intervención Municipal.