Más de 1.000 personas han firmado ya, a través de la plataforma change.org, contra la instalación de antenas de telefonía móvil en el barrio de El Coromoto. En una petición dirigida al Ayuntamiento de La Laguna se señala: “Pedimos que se retire la antena colocada en la calle Francisco de Miranda, numero 28, en el barrio del Coromoto, porque, aunque de momento no haya pruebas concluyentes que demuestren que las emisiones de las antenas son perjudiciales para la salud, entre la comunidad científica existen dudas razonables sobre el efecto que puede tener la exposición continuada a este tipo de radiación”. Por ese motivo, “los vecinos pedimos que, como medida de precaución, se instalen a la mayor distancia posible de los hogares, colegios, centros de discapacidad y guarderías del barrio”. La Plataforma de Afectados por la Telefonía Móvil (Planmocan), que ha trabajado intensamente contra las antenas en el santacrucero barrio de El Sobradillo, ha estado asesorando también a los vecinos de El Coromoto, a quienes han aconsejado que “intenten por todos los medios” que las antenas no se pongan en funcionamiento, porque entonces “se tarda años luz para quitarlas, aunque sean ilegales”, afirmó Manuel Díaz, portavoz de Planmocan.
poner Impedimentos
Un ejemplo se encuentra en El Sobradillo, según recordó, donde una sentencia, de junio de 2016, obligaba a retirar dos antenas y de momento solo se ha quitado una. Por ello, la plataforma recomienda a los vecinos que se movilicen y hagan guardias para impedir el trabajo de construcción del soporte, “como hacíamos nosotros en la calle Caléndula”, apuntó. Manuel Díaz denunció también que en El Coromoto se ha permitido la obra encima de un edificio para colocar antenas de telefonía móvil, pero que “en el edificio de al lado los vecinos querían poner un ascensor y no se les dejó porque tenían que hacer un cuartito en la azotea para la maquinaria, y no se lo permitieron porque superaba la altura autorizada, y en el otro edificio, que supone más altura con la antena, no les han dicho nada”. Se trata del mismo argumentario que utiliza el grupo Unid@s se puede para calificar esta obra de “ilegal”, pues va en contra de lo que establece el PGO en la zona sobre las alturas de los edificios.
Desde el Ayuntamiento manifestaron, el pasado lunes, que han solicitado informes a los técnicos para comprobar si la instalación cumple o no con la normativa, pero recordaron que, desde 2013, los ayuntamientos no tienen la competencia en esta actividad.
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