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Políticos “perretosos” y listas de empresas en el juicio por el caso Faycán

La entonces jefa de Contratación teldense reconoce que los ediles eran “caprichosos” a la hora de priorizar beneficiarias de las concesiones
Imagen del juicio que celebra la Audiencia de Las Palmas. Europa Press
Imagen del juicio que celebra la Audiencia de Las Palmas. Europa Press
Imagen del juicio que celebra la Audiencia de Las Palmas. Europa Press

Diez testigos propuestos por las defensas del caso Faycán, entre ellos dos condenados por corrupción en el Grupo Europa, una de las piezas separadas de la trama, protagonizaron ayer la séptima sesión del juicio por el llamado caso Faycán, que versa sobre una presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Telde. La jornada de ayer, tal y como refleja Canarias Ahora, apenas dejó material de interés acusatorio para el fiscal Anticorrupción, Luis del Río. Lo más parecido a una incriminación fue la anecdótica referencia de una de las funcionarias sobre lo “perretosos” y “caprichosos” que se ponían los políticos para dar prioridad a determinadas empresas sobre otras a la hora de conceder contratos de obra y servicio.

“Cambian los políticos y cambian las empresas. Si te vas a la historia, ves que dependiendo del grupo político trabajan con unas empresas u otras, se invita más a unas que a otras”, relató Milagrosa Ramos, jefa de servicio accidental en el área de Contratación durante la época investigada, al ser cuestionada por el representante del Ministerio Público por los negociados sin publicidad, uno de los procedimientos utilizados por el grupo de gobierno del Partido Popular (PP) y Ciudadanos por el Cambio (Ciuca) entre 2003 y 2007 para dar apariencia de legalidad a las adjudicaciones a las empresas que accedían a pagar las comisiones ilegales a los miembros de la trama.

A la orden

Los negociados sin publicidad exigen que la administración convocante, en este caso el Ayuntamiento de Telde, invite a tres empresas a presentar ofertas para hacerse con contratos que en ningún caso pueden superar los 60.000 euros. Ramos explicó, como relata Canarias Ahora, que en el área de Contratación, el departamento que tramitaba este tipo de procedimientos, se hacía “lo que decían María Antonia Torres (concejala de Obras Públicas) y Francisco Gordillo (asesor de Torres)”. “Normalmente, decían: invita a esta y dos más o a otras tres”, relató la ex jefa de servicio, quien precisó a renglón seguido, a preguntas del fiscal, que ello no significaba que las obras se adjudicaran de antemano.

Durante su declaración en la fase de instrucción, Ramos reconoció que le había sorprendido que siempre salieran las mismas empresas en esos negociados sin publicidad y citó como ejemplo el caso de Cobra y Moncobra, una sociedad en la que trabajaba Juan Francisco Gordillo, hijo del asesor de la ya fallecida María Antonia Torres, cabecilla de la trama.

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