CASO GRÚAS - LA LAGUNA

“Queda claro que el informe de los expertos externos fue un salvavidas”

El testimonio de Francisco Villar, uno de los juristas contratados por el Ayuntamiento para levantar los reparos del interventor, recibido con satisfacción por los portavoces de Unid@s se puede y XTF-NC

El jurista Francisco Villar, a su salida de los juzgados laguneros el pasado martes. Fran Pallero
El jurista Francisco Villar, a su salida de los juzgados laguneros el pasado martes. Fran Pallero

A pesar de que fueron interrumpidas por el desalojo de los juzgados laguneros provocado por una falsa amenaza de bomba, las declaraciones que, como testigo, prestó en la mañana del pasado martes el jurista Francisco Villar, uno de los dos que fueron contratados por el Ayuntamiento de La Laguna para argumentar el rechazo a los reparos interpuestos desde la Intervención municipal por el llamado caso Grúas, han sido recibidas con satisfacción en los grupos municipales de Unid@s se puede y Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC), denunciantes en este caso.

Para el portavoz local de la formación morada, Rubens Ascanio, “con las palabras de Villar queda claro que ese informe fue un salvavidas lanzado desde la administración pública para salvar a una empresa donde algunos responsables políticos tenían personas allegadas, un salvavidas en forma de informe pedido exprofeso, con un coste que fue pagado por toda la ciudadanía”.

Por su parte, Santiago Pérez (XTF-NC) también celebró que haya prosperado de facto el recurso presentado por la acusación popular impulsada desde su formación política para que tanto Villar como el otro autor de dicho informe, Francisco Clavijo, no declarasen en condición de testigo/perito, sino solo como testigo. Aunque la magistrada titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna, donde se investiga el caso Grúas, no ha estimado formalmente dicho recurso, sí lo hizo de hecho cuando, al inicio de la declaración de Francisco Villar, advirtió de que solo se manifestaba como testigo.

Respecto a la valoración efectuada ayer por Rubens Ascanio a DIARIO DE AVISOS, este concejal de la oposición lagunera manifestó con ironía al apuntar que “no estalló la bomba informativa en La Laguna, pero casi, porque solo dio tiempo a una corta declaración de Villar, pero aún suficiente, dado que, por primera vez, se dieron los datos de las cantidades cobradas por este informe, que en neto dijo que habían sido entre 4.100 y 4.300 euros para cada uno”. A este respecto, Ascanio recordó que “nuestro grupo municipal ha pedido en dos ocasiones las facturas de los pagos por este informe, tanto en la comisión municipal que investigó el caso Grúas como a través de un escrito presentado en el verano de 2017, sin que en ninguno de los dos casos obtuviéramos respuesta. Por eso metimos un requerimiento de información el pasado 25 de enero, donde amenazamos con ejercer las actuaciones legales pertinentes en caso de que continuaran sin facilitarnos esta documentación”.

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El portavoz de Unid@s se puede también expresó que, a su juicio, “la respuesta de Villar sobre lo sucedido con el informes es clara: les habían pedido un ‘supuesto teórico’ desde el área de Seguridad Ciudadana [cuyo concejal era, por aquel entonces, el actual alcalde, José Alberto Díaz)] y sobre ese supuesto trabajaron, sin conocer los datos reales de la situación económica de la empresa”.

En términos similares se expresó Santiago Pérez, quien además resaltó la relevancia de que, finalmente, ni Villar ni Clavijo presten declaración en calidad de testigos/peritos, tal y como habían solicitado sus representantes legales personados en el proceso que nos ocupa.

“De ninguna manera puede entenderse que en ellos [Francisco Villar y Francisco Clavijo] concurren los requisitos mínimos indispensables de objetividad e independencia, exigidos para ostentar la condición de peritos, puesto que se trata de dos personas que han emitido un informe de parte, dentro del procedimiento administrativo, cobrando por ello y con un objetivo concreto”, explicaba ayer el portavoz de XTF-NC en el Ayuntamiento de La Laguna.

Entiende Santiago Pérez que “cuando un perito es traído al proceso, lo es por poseer unos conocimientos especializados, científicos, artísticos, técnicos o prácticos sobre los hechos, cuando sean necesarios para el auxilio o asesoramiento al juez para la decisión sobre el asunto que se enjuicia. Por ello, resulta evidente que los autores del informe jurídico emitido por encargo de parte y cobrando, no pueden ser considerados objetivamente expertos con conocimiento”. Ahondando sobre este aspecto, Santiago Pérez recordó que “ya consta en los autos la declaración bajo juramento de un testigo, el técnico municipal Antonio Vera, quien declaró en relación con el informe y con su objetivo, que ‘cree que los pidió Seguridad Ciudadana’, se encargaron “ya que necesitaba contrastar, ya que el Interventor manifestaba que no era viable el préstamo’…, ’pero de alguna manera había que justificar y convencer que la concesión del préstamo era legal y viable’, así como justificar que era ‘legal y viable’ la prórroga del contrato”.

Resta recordar que el caso Grúas versa sobre la presunta comisión de los delitos de prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. A cuenta del mismo es investigado Antonio Pérez Godiño, mientras se decide si son imputados Díaz y el hoy presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.