Tenerife tiene un serio problema con los áridos. No sólo porque escasean, ya que la isla se está quedando sin canteras legales de donde extraerlo (en estos momentos solo hay una funcionando en Arico y la otra, en Los Pasitos, en Santa Cruz, aún no está habilitada), sino porque la mayoría del árido que se está comercializando procede de plantas de tratamiento de residuos de la construcción que no tienen vinculación con ninguna explotación minera. Por lo tanto, se están utilizando para la construcción y edificación sin el obligado Marcado CE de cantera y, por su puesto, sin garantía alguna.
Según datos de la Federación Provincial de la Construcción (Fepeco), durante los cinco primeros meses de 2018, se han comercializado en Tenerife 327.000 toneladas de áridos para hormigones, asfaltos, morteros y prefabricados estructurales, pero solo 172.000 procedían de canteras legales y disponían del Marcado CE de cantera. El 47% restante se ha producido en plantas de tratamiento de residuos de la construcción y demolición o en otras de machaqueo no vinculadas a ninguna cantera ni explotación minera. Estos áridos no pueden, en ningún caso, comercializarse con Marcado CE, ya que proceden de un residuo, es decir, son reciclados y su uso tiene limitaciones.
Concretamente, no pueden ser usados ni en hormigones de responsabilidad, ni aglomerados asfálticos, ni en prefabricados estructurales, ni en morteros de calidad. Su uso está restringido a hormigones de limpieza, a determinados morteros, bases de caminos rurales, sendas o aceras y, en general, en tajos de obras sin responsabilidad alguna. Sin embargo, según denuncia el presidente de la patronal de la construcción, Óscar Izquierdo, se están comercializando “para todo tipo de usos en la construcción, incluidos los aglomerados asfálticos y hormigones de máxima calidad”.
La Conferencia para el Suministro Sostenible de Áridos en la Unión Europea, celebrada en Tallin en noviembre de 2017, señalaba que los áridos solo deben ser reciclados cuando sea técnica, ambiental y económicamente viable, y en Tenerife, actualmente no se da ninguna de estas tres condiciones. En toda Europa, sólo las cumplen el 14% de los áridos comercializados.
El objetivo es que la extracción de esta materia prima se haga de forma sostenible y no ”picoteando toda la Isla” que, según Izquierdo, es lo que está provocando la proliferación de plantas de machaqueo. El reciclado de áridos es completamente legal para, precisamente, dar un uso sostenible a esta materia prima, pero debe estar controlado por la Administración. La paradoja, según Izquierdo, es que las autorizaciones de estas plantas de tratamiento se dan en base a una naturaleza “no minera”, según un acuerdo “sorprendente” de la COTMAC de 13 de abril de 2011, cuando se trata de un producto “esencialmente minero”. Esto permite a Medio Ambiente autorizar la instalación de estas plantas que reciclan áridos procedentes de desmontes y residuos de la construcción. “La paradoja”, insistió Izquierdo, “es que es Medio Ambiente quien esta llenando la Isla de plantas de reciclado y está deteriorando el territorio”.
A diferencia de las canteras de extracción legales, estas plantas de tratamiento a las que Medio Ambiente da autorización, no tienen obligación alguna de restaurar lo picoteado, y, por tanto, de “avalar” restauración alguna. “Pueden escarbar a sus anchas por toda la isla para producir y reunir los áridos sin obligación de restaurar. Los residuos de estas plantas deberían provenir de desmontes o demoliciones de edificios y, aún así”, explicó Izquierdo, “no todo el material que sale de estos desmontes es reutilizable”. “Además, en la Isla no hay todos los días obras como, por ejemplo, la del Siam Park, aunque mucho de este material no era reciclable”. La capacidad de producción anual del conjunto de estas plantas autorizadas por Medio Ambiente es 16 veces superior a los residuos que se producen en la Isla de forma natural cada año.
Este exceso de capacidad, insistió el presidente de la patronal, está produciendo “el picoteo indiscriminado del territorio y el abancalamiento ficticio de fincas agrícolas, ya que es la única manera de que estas plantas puedan subsistir”. “Esto está ocasionando un daño irreparable al territorio, cuando se supone que estas plantas han sido autorizadas para el espíritu contrario, es decir, protegerlo”.
Por ello, es “imprescindible” que las administraciones implicadas, desde las consejerías de Medio Ambiente e Industria del Gobierno canario, hasta Minas, “se tomen en serio este asunto porque se está trabajando en la construcción con un árido que no tiene garantías. Con esta política sobre los áridos”, prosiguió Izquierdo, “es imposible que la producción de esta materia prima en la Isla se haga de forma sostenible”.
El presidente de la patronal de la construcción fue mas allá y señaló que se trata de una “situación alarmante por las consecuencias que puede llegar a tener, ya que fabricantes de hormigón nos han dicho que con áridos procedentes de estas plantas de reciclado se necesita poner hasta un 20% más de cemento para conseguir la misma resistencia, lo que da una idea de la baja calidad de estos áridos”. Un ejemplo de que este material no es de calidad, señaló, “se está viendo en varias carreteras “que se asfaltan y enseguida, a los pocos meses, ya están con baches. Esto no se debe al exceso de tráfico”, precisó.
“Venimos alertando desde hace tiempo de que las obras deben contar con áridos de calidad y con garantía y nos preocupa mucho la falta de control de la Administración, ya sea por falta de personal o por desinterés”. En opinión de Izquierdo, “no hay voluntad para solucionar la problemática existente y se ha buscado el camino fácil, pero, a su vez, el más dañino para el territorio y los ciudadanos que ven cómo las obras se hacen sin garantía. La legalización de estas plantas no debería ser de forma indiscriminada sino excepcional”.
Izquierdo explicó que en la Isla existe un problema con los áridos, pero no porque haya escasez, sino “por la falta de gestión, de planificación, diligencia y eficacia de las distintas administraciones que imposibilitan el desarrollo y la puesta en funcionamiento de canteras legales”. “El caso más flagrante es el del Cabildo de Tenerife, cuyo Plan Territorial (PIOT) lo impide. La opción está en modificar dicho plan para habilitar más canteras legales y evitar el picoteo indiscriminado del territorio y la aparición de áridos de baja calidad”. Para ello, declaró Izquierdo, tiene que haber “voluntad política”, porque cuando se acabe en un par de meses la extracción en la cantera de Arico, “el picoteo indiscriminado en el Sur de la Isla será indecente, porque la cantera de El Pasito, en Santa Cruz, no va a dar para todas las obras que se van a realizar”.
Falta de control de la Administración sobre el Marcado CE de calidad
La falta de control de la Administración, según denuncia Óscar Izquierdo, presidente de Fepeco, no sólo se da a la hora de autorizar las plantas de machaqueo, sino al tener que verificar que el árido empleado tenga el Marcado de calidad CE de cantera.
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