
La batalla de la raya azul, esa que bien puede denominar las diferencias existentes entre el Ayuntamiento de Güímar y los empresarios, por una parte, y los consistorios de Arafo y Candelaria, junto al Cabildo, por otra, sigue en pleno apogeo, pese a las treguas y acuerdos anunciados, algunos de ellos con solemnidad, para crear la Entidad Urbanística de Conservación que se encargue del mantenimiento del Polígono Industrial Valle de Güímar.
Es tal el enfrentamiento, que la asociación de propietarios y empresarios baraja la posibilidad de resolver la contienda en los tribunales de Justicia, mientras que Güímar, su principal y único aliado, avanza la idea de que cada ayuntamiento haga de su capa (suelo) un sayo.
Ante esta postura, el alcalde de Arafo, José Juan Lemes, contesta con amplia documentación, que en absoluto les asiste la razón, ni a los propietarios de las parcelas ni a la alcaldesa Carmen Luisa Castro, a quien tiene entre ceja y ceja desde que en el verano le pintó la famosa raya azul para delimitar el suelo de Güímar del de Arafo en el Polígono.
Castro lo hacía para demostrar que Güímar atendía el mantenimiento y Arafo no, después de la recepción del Polígono por parte de los tres ayuntamientos de la comarca, el 22 de julio de 2013. Lemes, a esto, señala que “Güímar posee mucho menos suelo que nosotros y en sus jardines no hay los palmerales que si tenemos en nuestro territorio, mucho más costosa su limpieza”, afirma.
Pero en realidad, el regidor de Arafo, está mucho más molesto con la postura intransigente de su homónima de Güímar, en su defensa de los intereses de los empresarios. “Carmen Luisa Castro -dice- no puede ampararse bajo su paraguas, porque los documentos de compraventa de las parcelas recogen bien a las claras que los propietarios tienen el deber de colaborar con el mantenimiento y conservación del Polígono”.
En ese documento se puede leer, textualmente, que “la parte compradora se compromete a integrarse, a requerimiento de la Asociación Mixta de Compensación, en la asociación de propietarios del Polígono, en entidad de conservación que se constituya, y a satisfacer el canon de conservación que ésta pudiera acordar…el comprador se compromete a abonar la parte proporcional que le corresponde en los gastos de alumbrado público y demás servicios comunes de la urbanización”.
Tras desaparecer la Comisión Mixta de la Junta de Compensación creada en 1973 (Cabildo, CajaCanarias y Sepes), al tener todas las naves vendidas, los tres ayuntamientos recepcionaron el Polígono cuarenta años después, con el mandato de formalizar junto a los empresarios la Entidad de Conservación, la encargada de velar por el mantenimiento del Polígono Industrial .
El acto de recepción se firmó en 2013, pero tres años antes (18 de febrero de 2010) se redactó el convenio entre las partes, firmado por los entonces alcaldes, José Gumersindo García (Candelaria), Rafael Yanes (Güímar) y Domingo Calzadilla (Arafo), los secretarios de las corporaciones locales, así como Antonio Daroca y Rafael Zorilla, por parte de la asociación de empresarios. en la que los ayuntamientos se comprometían a recepcionar el Polígono una vez terminada la rehabilitación que costó 9 millones de euros y tras recibir cada uno de ellos una nave industrial de 540 metros cuadrados, tres manzanas para uso deportivo, un salón de actos en el edificio cívico, pleno dominio del pozo de Chiguengue y 950.000 euros para cada ayuntamiento., todo a partes iguales, pese a que Arafo dispone de más del 50% del suelo. “Calzadilla regaló el 20% y nosotros no estamos de acuerdo con ese reparto, pero Arafo siempre ha sido generoso y siempre ha cumplido con el Polígono”, remarca José Juan Lemes.
“Que Raquel Malo me lleve a los tribunales”
Todo parecía firmado el 8 de octubre en el Cabildo, pero lejos de sellarse la paz, la contienda por la EUC o el consorcio, puede acabar en los tribunales. “Raquel Malo miente cuando dice que los empresarios no tienen obligación de crear el ente de conservación. Que nos lleve a los tribunales y que diga el juez quién tiene la razón”, afirma con rotundidad el alcalde de Arafo.
Lemes insiste que “ya hemos sido generosos rebajando los 20 años de vigencia a cuatro años y subir a 50.000 euros anuales la aportación municipal, lo que significaría, según los propios cálculos empresariales, que sitúan el gasto anual en 430.498 euros, que pagarían 205.000, una media de 750 euros por empresa (según tamaño) al año.