El viceconsejero de Turismo, Cristóbal de la Rosa, aseguró que la modificación de la Ley de Renovación y Modernización Turística que tramita el Gobierno canario desde mediados de febrero obedece exclusivamente a la necesidad de cumplir con la sentencia del Tribunal Constitucional a raíz de un recurso del Gobierno estatal, por lo que negó la interpretación dada por Nueva Canarias (NC) en el sentido de que el Ejecutivo regional vaya a dar “barra libre” a los hoteleros.
Aunque admitió que la moratoria inicial, la de 2003, ya no existe en cuanto a cupos anuales de camas o prohibición de categorías hoteleras o extrahoteleras, De la Rosa anunció que la redacción que quedará de la ley tras esta reforma mantiene, para todos los establecimientos, sea cual sea su categoría, los estándares de calidad edificatoria y de ecoeficiencia (agua, residuos, luz), regulación en la que, anuncia, ya están trabajando los servicios jurídicos del Gobierno canario, y que será llevada al Parlamento regional.
A su juicio, tales estándares, “garantizarán que el impacto ambiental sea pequeño”, y supondrán un elemento de “control” de la nueva oferta, de modo que “el empresario buscará rentabilizar su proyecto, yendo a las categorías más altas”. Sobre el criterio de capacidad de carga del territorio, que el diputado de NC Román Rodríguez echa en falta en la reforma legislativa, De la Rosa señaló que, una vez en vigor la prevista Ley del Suelo, cada Cabildo podrá decidir su modelo turístico en su respectivo Plan Insular de Ordenación, junto con los ayuntamientos en sus planes generales.
“No prevemos que la oferta de camas se vaya a disparar en Canarias”
El Gobierno canario “no teme que se dispare el crecimiento de la oferta alojativa; no esperamos un aluvión de camas”, afirmó De la Rosa, al tiempo que negó que el Ejecutivo abogue por 25 millones de turistas al año, como afirma NC. El viceconsejero subrayó que la Ley del Suelo no aumentará el suelo turístico y que ningún grupo parlamentario duda que la nueva oferta deba ser de calidad. n