Deficiencias educativas generales, trastornos disociales y el abuso en el consumo de drogas tóxicas y estupefacientes son algunas de las causas que están en la génesis de los comportamientos violentos de hijos hacia sus padres, un problema que en los últimos años se ha acrecentado en las familias canarias y que preocupa mucho a la Administración pública. No en vano, según datos a los que ha tenido acceso este periódico, el pasado año la Fiscalía de Menores de la provincia de Santa Cruz de Tenerife recogió un total de 120 denuncias por violencia filioparental, es decir, de hijos a padres y/o hermanos. Además, se interpusieron otras cinco denuncias de violencia de género vinculada con menores, aunque la Fiscalía deja claro que “existen situaciones de violencia en dichos ámbitos no denunciadas y advertidas en expedientes de protección”, detectando en algún caso la “laxitud del sistema” en protección de víctimas menores. En relación al ejercicio 2014, el año pasado se produjo un “leve descenso” de este tipo de conductas, ya que se registraron 20 denuncias menos.
Sin embargo, la Fiscalía destaca el “alto índice” de medidas cautelares adoptadas a instancia del fiscal en este tipo de delitos, hasta 41 en 2015. De ellas, el 40% se consideraron “urgentes y necesarias”, lo que implicó la inmediata salida del menor del hogar familiar por la gravedad de los hechos o el riesgo de enfrentamiento existente. “Este tipo de episodios de violencia filioparental ha existido siempre, pero ahora se producen al revés, en el sentido de que son los menores frustrados por una sociedad de consumo que no les da todo lo que quieren los que se rebelan y muestran comportamientos violentos hacia sus progenitores”, expone el fiscal de Menores de Tenerife, Manuel Campos, quien subraya que, paradójicamente, “llama mucho la atención que un alto porcentaje de casos de violencia se da en familias de clases media y alta, en padres que se preocupan más de ellos mismos que de sus hijos; y también en matrimonios con problemas o en trámites de separación y divorcio, donde los hijos se convierten en dictadores que lo único que quieren es sacar la mayor tajada posible de cada uno de sus progenitores, que a su vez les consienten todo”.
En su informe de 2015, la Fiscalía también destaca la importancia de los trastornos disociales y el abuso en el consumo de drogas a la hora de explicar la adopción de medidas, ya sean de internamiento o en libertad, según la gravedad del caso, pues “la siempre necesaria terapia familiar deberá completarse con tratamientos terapéuticos especializados, psicológicos y de salud mental y de deshabituación de tóxicos”. En esta línea, destaca la utilidad del denominado proyecto Rumbo del Gobierno de Canarias, para la preservación de la paz familiar, cuyo objetivo es evitar la imposición de medidas judiciales o incluso el archivo del expediente cuando existe éxito terapéutico.
“Hay muchas denuncias de progenitores en las que al menos en el atestado inicial no se describen conductas violentas, sino la problemática que presenta su hijo, particularmente la falta de aceptación de límites y normas. En estos supuestos seguimos incoando diligencias preliminares y citamos al denunciante, dado que nuestra experiencia demuestra que en muchos de estos supuestos los padres, a través de estas denuncias genéricas, encubren supuestos de maltrato en el ámbito familiar”, concluye Manuel Campos.
[su_note note_color=”#d0d3d5″ radius=”2″]Aumenta la intensidad de las agresiones y disminuye la edad de los menores violentos
En abril de 2011, la Consejería de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, en colaboración con la Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo (ANAR), puso en marcha un servicio telefónico de asesoramiento gratuito y confidencial para menores y sus familias, que funciona las 24 horas del día y todos los días del año. En 2014
-último ejercicio del que se han publicado datos- la fundación contabilizó 360 casos de violencia de hijos hacia sus padres, una cifra superior a los años anteriores. Según explica la responsable del departamento jurídico de ANAR, Sonsoles Bartolomé, “es un fenómeno creciente en los últimos años”. “Nosotros percibimos un aumento de la violencia de hijos hacia padres, siendo especialmente llamativa la disminución de la edad del agresor y el aumento de la intensidad de la agresión”, agrega la abogada, que reconoce que la fundación se ha encontrado casos de agresiones importantes, con derivaciones a centros sanitarios, en los que ni siquiera se ha podido acudir al recurso de la justicia juvenil, porque “el menor tenía menos de 14 años”, por lo que “no se le puede exigir responsabilidad penal”. “El perfil más habitual de estos agresores se da en familias monoparentales o familias en las que uno de los progenitores suele estar ausente”, agrega la jurista.[/su_note]