La empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (VISOCAN) del Gobierno de Canarias ha amenazado con llevar a los tribunales al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por, según ellos, amparar a personas que están ocupando “de forma ilícita viviendas de titularidad pública”.
En una carta fechada el 17 de marzo, dirigida al responsable del área de Servicios Sociales municipal Óscar García, y que recibió ayer el Ayuntamiento, el director gerente de Visocan, Víctor González García, muestra su indignación ante lo que considera un “comportamiento ilícito” que el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) colabore “con los ocupantes en la obtención de los suministros (agua y electricidad), mediante la emisión de informes sociales que amparan” la situación de exclusión de las familias.
En la misiva, el Gobierno de Canarias advierte que ha denunciado a dichos okupas por la comisión de un presunto “delito de usurpación de la propiedad” y requiere al consistorio a que se “abstenga de coadyuvar en la ocupación ilegal de los distintos inmuebles” amenazando de emprender acciones legales contra el Ayuntamiento.
RESPUESTA DEL AYUNTAMIENTO
Óscar García, presidente del IMAS, ha afirmado a este periódico estar indignado con el contenido y los términos de la misiva enviada por Visocan. “Imagínese la cara que se nos ha quedado a mi, al gerente y a los técnicos al leer las acusaciones y calumnias. Básicamente el Gobierno de Canarias afirma que con las ayudas que damos a esas familias que están en peligro de exclusión estamos cometiendo un presunto delito de usurpación de la propiedad. Esto solo demuestra el desconocimiento que tiene Visocan de lo que significa tener derechos a unas prestaciones”, explica García.
Ante todo quiere dejar claro que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no colabora con el alta de suministro de agua y luz. “Nosotros atendemos a las personas que vienen para que les ayudemos a pagar los recibos que están a su nombre. Familias a las que atendemos y que tienen informes favorables, totalmente justificados y realizados por profesionales, sobre su situación de desamparo”, prosigue. “¿Qué pretende el Gobierno de Canarias? ¿Desahuciar a familias, con menores? ¿Quitarles las ayudas a las que tienen derecho?”, añade Óscar García. “Nosotros no podemos cortarles el suministro”.
Desde el Ayuntamiento declaran que ya se ha elaborado una carta para enviar al Gobierno de Canarias pidiendo explicaciones. “Que nos digan qué viviendas son, cuántas familias están en esa situación, porque en la misiva que nos mandaron no concretan nada. Nos parecen calumniosos los términos de la carta. Que nos digan qué van a hacer con esas familias y qué es lo que se trae entre manos el gerente de Visocan o la Consejería de Vivienda”.
“Lo que le exigimos a Patricia Hernández, que es la máxima responsable de Visocan, es que cumpla con Santa Cruz en materia de viviendas, dependencia, sanidad, empleo, discapacidad. Que ponga en marcha de una vez la Ley de Servicios Sociales del 87, que evitaría la descoordinación actual. Además”, prosigue García, “que esto venga precisamente del PSOE, un partido que estuvo al cargo en la pasada legislatura del IMAS siendo concejala Alicia Álvarez, nos parece indignante”, aseveró.
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