El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha celebrado esta semana en la Sala de lo Penal, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, el juicio contra la diputada regional de CC Elena Luis, por hecho acaecidos cuando era alcaldesa de La Guancha.
Tras la vista oral, que concluyó este jueves, la Fiscalía mantiene la petición de prisión contra la acusada, aunque rebaja los años de cárcel de dos y medio a dos, y pide siete de inhabilitación para cargo público, por los delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio.
A la exregidora municipal se la ha juzgado por construir, gracias a un decreto suyo, una vía de acceso a una finca particular, con 42.175 euros de coste para el Ayuntamiento, en terrenos rústicos de protección agraria, y con informes contrarios del Cabildo tinerfeño, que no vio la obra necesaria. La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) ha concluido que el proyecto no era legal al “no existir cultivo alguno en el terreno y tener un uso residencial”.
Elena Luis ha sido juzgada en el TSJC por su condición de aforada, al tener el cargo de diputada tras ser elegida en los comicios de mayo de 2015, a lOs que se presentó como candidata número 4 en la lista que por Tenerife encabezó Fernando Clavijo, cuando ya la instrucción de la causa la había culminado el Juzgado de Primera Instancia 2 de Icod de los Vinos, a raíz de una denuncia del PSOE guanchero. Por tal motivo, en febrero de 2016 el caso pasó al TSJC, como procedimiento abreviado.
En la causa están acusados también la dueña de los terrenos, Concepción Llanos, y los técnicos municipales Ruymán González y María de la Luz Saavedra, sobre cuya situación procesal poco trascendió ayer, salvo que la Fiscalía ha pedido exculpar a esta última.
Durante la sesión del juicio celebrada el martes, la diputada de CC se declaró inocente y aseguró que la obra ni siquiera necesitaba de licencia municipal por sus características técnicas, y que, en todo caso, no dio ninguna orden sin contar con el visto bueno de los técnicos, según informó Canarias 7 en su edición en papel.
El juicio, de acuerdo con este rotativo, se celebró ante una sala que estuvo formada por el presidente del TSJC, Antonio Doreste; la magistrada Carla Bellini y el magistrado César García Otero.
La obra de la vía, de unos 140 metros de longitud, parte de una solicitud de la dueña del terreno en abril de 2011 para “apertura de pista y contención del terreno”. En octubre siguiente la alcaldesa dictó un decreto que autorizaba además librar el gasto para su ejecución, con informes favorables del arquitecto y la jurista municipales, si bien tres semanas antes de dictarlo, había entrado en el Ayuntamiento un informe del Servicio de Agroindustrias e Infraestructuras del Cabildo desfavorable.
En su denuncia de 2013, según informó en su día Mírame TV, el fiscal, Rafael Ruiz, vio “evidente” que el “trazado, desmonte, abancalamiento y asfaltado” fueron un acto ilegal contra el Plan General en suelo rústico, al tratarse de “una pista de acceso rodado a una finca particular, sin necesidad alguna, ya que tiene otro acceso anterior por otra orientación”. “Se le da por tanto un uso residencial, incompatible con el carácter esencialmente agrícola del terreno, de modo que esa pista no responde a ninguna necesidad agrícola de la [ciudadana] promotora”. La propietaria llegó a poner una puerta y vallar todo el contorno de la vía , “con aquiescencia de la Oficina Técnica Municipal, a pesar de no estar previstos en el proyecto”.
El caso, por tanto, ha quedado ya visto para sentencia.
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